Con Argentina como histórica impulsora, la OIT dio aval al derecho internacional a la huelga como práctica gremial.

Después de un prolongado debate, producido durante la última reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se aprobó la elevación a la Corte Internacional de Justicia, para incluir el derecho a la huelga, para todos los trabajadores del mundo, como uno de los derechos tutelados por el Convenio 87 sobre la libertad sindical.

La posición argumentada y ejercida por los trabajadores, resultó victoriosa con 33 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones, destacándose el apoyo de la gran mayoría de los países de América Latina y de la Unión Europea, más aún, teniendo en cuenta el marco
tripartito que rige la OIT, donde confluyen trabajadores, empresarios y gobiernos.

Históricamente, la Confederación General del Trabajo (CGT), fue máximo impulsor en el ámbito de la OIT, para que esta norma se aplique internacionalmente y obtenga el valor de legislación, y así ser instrumento de defensa los derechos laborales, a partir del hecho que
rige en la Constitución Argentina, como parte de las conquistas sociales de las luchas sindicales protagonizadas por el Movimiento Obrero Organizado de nuestro país.

Los empleadores sistemáticamente se opusieron al funcionamiento de los órganos de control de la OIT, retirándose incluso, desde el año 2012 de la Comisión de Aplicación de Normas argumentando que “el derecho a la huelga no estaba comprendido en los términos del Convenio 87”, y objetando la interpretación pacífica que al respecto y por más de 70 años venían compartiendo la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones y los propios actores sociales.

En este sentido, el Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, en su carácter de miembro titular del Consejo de Administración, resaltó el derecho a la huelga, como herramienta necesaria al afirmar que “no hay desarrollo humano sustentable sin una justicia social garantizada por el diálogo institucionalizado, respetado y garantizado dentro de una gobernanza global centrada en la igualdad y la equidad para todos y todas”.