La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a Vicentin y a sus responsables por el cobro de reintegros por exportaciones indebidos a través de facturación apócrifa. El perjuicio para el Estado supera los 110 millones de pesos. El grupo empresario acelera la venta de activos para evitar el avance judicial sobre otras empresas del conglomerado y se diluyen las esperanzas de cobro de trabajadores y cooperativas con las que mantiene importantes deudas.
La denuncia penal de la AFIP por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales fue presentada el viernes 21 de agosto ante el Juzgado Federal de Reconquista, que lleva la convocatoria de acreedores del grupo, cuyos acreedores le reclaman más de 1300 millones de dólares (300 de los cuales corresponden al Banco Nación, por el otorgamiento de sucesivos créditos, operatoria que también se encuentra en la mira de la Justicia).
Grupo Vicentin: Inhibieron bienes de Algodonera Avellaneda, que no paga salarios hace meses
El juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini, a cargo del procedimiento, logró frenar la intervención estatal y repuso al frente del grupo al cuestionado directorio de Vicentín, a pesar de estar siendo investigados por lavado de dinero, fuga de capitales y estafa a la banca pública. Durante el fin de semana también se supo, por la investigación al teléfono del ex secretario presidencial Darío Nieto, que el propio Mauricio Macri habría estado involucrado en presiones a juez destinadas a impedir la intervención del Estado en la cerealera.
El Régimen Penal Tributario establece penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas por la AFIP encabezada por Mercedes Marcó del Pont. La maniobra fue detectada en una fiscalización realizada por la AFIP sobre reintegros de IVA por exportaciones de granos, solicitadas por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria delictual se basaba en la utilización de facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores, lo que le permitió embolsar indebidamente más de 111 millones de pesos entre 2016 y 2019.
Trabajadores de Vicentin se suman a cooperativistas y acreedores y reclaman sueldos adeudados
También la Sindicatura General de la Nación (Sigen) confirmó importantes irregularidades en el grupo empresario, que emitió cheques por más de 90 millones de pesos en los días previos a la cesación de pagos del pasado 5 de diciembre, 78 millones de los cuales fueron a favor de sociedades controladas por el propio grupo. Después del default de una serie de obligaciones se emitieron otros 48 millones en cheques, hasta el Concurso Preventivo del 7 de febrero y luego 20 millones más. La cifra de cheques emitidos por el grupo totaliza $159.606.753,50, de los cuales $ 85.675.843,40 fueron librados por compañías controladas a favor de Vicentin. El arqueo de la Sigen durante el breve intento de intervención encontró también millonarias sumas de dinero en efectivo en cajas fuertes de la empresa ($5.844.268,25; u$s326.640 y €8.185), que correspondían a empresas como Vicentin, Algodonera Avellaneda, Buyanor, Río del Norte, Oleaginosa San Lorenzo SA y Emulgrain.
En ese contexto, luego de que en la causa que investiga los créditos irregulares otorgados a la empresa por el Banco Nación bajo la presidencia del radical Javier González Fraga el juez federal Julián Ercolini decidiera también inhibir los bienes de la Algodonera Avellaneda, parte del grupo Vicentin (cuyos trabajadores además están en conflicto hace meses, reclamando por el pago de salarios y aguinaldo adeudados), el directorio trata de acelerar la venta de activos aún no alcanzados por la prohibición judicial, lo que constituye una preocupación para trabajadores, pequeñas empresas y cooperativas con las que mantiene importantes deudas, que podrían haber sido saldadas con el efectivo descubierto en la sede central del grupo.
Incluso antes de estas novedades que confirman más maniobras ilegales por parte del grupo empresario, ya un sector de cooperativistas se había sumado al reclamo del gremio de Aceiteros por el pago de los salarios adeudados, planteando: «No vemos ningún horizonte ni ninguna posibilidad cierta de poder cobrar ni siquiera una parte, lo que genera una crisis muy importante para muchos acopios, cooperativas, productores del interior del país”.
