A días de publicado el DNU donde el Gobierno anunció que daba de baja su intento de “expropiar” Vicentín, continúan las protestas de los trabajadores de la Algodonera Avellaneda. Esta vez, los empleados de la empresa que forma parte del grupo Vicentin se movilizaron frente a la casa de Alberto Padoan, una de las cabezas de la cerealera santafesina, para reclamar el pago adeudado de sus salarios.
El reclamo es mayor que la nómina salarial. La gran preocupación está dada porque la compañía amenaza con cerrar la unidad productiva y dejar sin trabajo a 430 personas, en un momento en que el conflicto va en escalada y podría extenderse a otras unidades del grupo de negocios, que según la Federación de Cooperativas Agro Alimentarias “está funcionando sólo al 20%”.
La marcha atrás del Gobierno sobre Vicentín generó sorpresa en algunos sectores que veían con ilusión la intervención del Estado en una situación que se ha vuelto inmanejable para los acreedores. Si bien era sabido que la decisión política molestaría a algunos sectores, no creían que ese “poder” se impusiera de tal modo e hiciera tambalear los 7000 puestos de trabajo que dependen de la cerealera.
“El Gobierno venía pagando una parte de los sueldos con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción pero la empresa no completó su parte. Y ahora, en medio de ésta situación legal tan compleja, el ATP no fue solicitado y no cobraron nada.
El conflicto laboral se mantiene abierto desde febrero. Las movilizaciones y protestas se mantienen todos los días en los domicilios de Sergio Nardelli y Alejandro Padoan, directores del grupo y tienen como principal exigencia que la empresa complete la parte atrasada de los salarios y actualice las remuneraciones que varían entre 20 y 25 mil pesos por mes.
Desde la empresa plantean que es una discusión de encuadramiento sindical entre textiles y aceiteros, pero pero por parte de los trabajadores sostienen que es un argumento para «desviar el foco de la cuestión». Carlos Zamboni, abogado de la Federación Aceitera, afirmó además que probablemente se extienda a otras unidades productivas”.
El Ministerio de Trabajo de Santa Fé «coincidió con los trabajadores que están peleando por sus sueldos» más allá de los conflictos de encuadramiento que se resolverán de acuerdo a disposición de la cartera nacional que conduce, Claudio Moroni.
Esta definición apremia, ya que los empleados de la algodonera denunciaron violencia por parte de las fuerzas de seguridad locales a las que acusan de actuar como “fuerza de choque» de Vicentin, fuerzas que según relatan «nos amedrentaron en las cercanías de la planta Buyanor».
Varios patrulleros se dirigieron hacia el pequeño grupo de diez obreros, quienes cumplían con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento correspondientes a la Fase 5 vigente en la provincia. Los agentes policiales los interrogaron, reclamaron datos personales, les sacaron fotos y les impidieron continuar con la actividad de difusión», relataron desde el Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de la zona.
Los cooperativistas se plegaron a ésta situación y con éste mapa de situación señalaron que “estamos en el peor momento de Vicentín. No vemos ningún horizonte ni ninguna posibilidad cierta de poder cobrar ni siquiera una parte, lo que genera una crisis muy importante para muchos acopios, cooperativas, productores del interior del país”, por lo que la conflictiva situación parece acrecentarse hacia los próximos días.
