Este miércoles el Senado nacional aprobó una ley de expropiación de tierras para los 4416 barrios populares de Argentina, que apunta a mejorar las condiciones para la urbanización y a frenar los desalojos, lo que fue definido por los movimientos sociales como un “hecho histórico”. El proyecto se votó como parte de un paquete sin debate, a propuesta del jefe del bloque Justicialista Miguel Pichetto.
Esteban “Gringo” Castro, secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una de las organizaciones impulsoras del proyecto, consideró: “Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los Movimientos Populares logramos gracias a la organización y a la lucha. Un trabajo que realizaron nuestros pibes y nuestras pibas relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta ley se va a garantizar que no sigan los desalojos y que podamos pelear por el acceso a la luz, agua, cloacas y a la integración urbana en los barrios. Es un gran paso en un contexto adverso para los más humildes, pero esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”.
La ley, reclamada hace largo tiempo por las organizaciones populares, declara de utilidad pública y sujeta a expropiación tierras de más de 4400 barrios en todo el país, suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras presupuestadas para esos territorios queden en manos de las cooperativas de trabajo.
Serán alcanzados por la ley los terrenos en barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) cuya propiedad no sea del Estado Nacional. El sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social celebrará acuerdos con provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad. Todos los gastos que se deriven de los convenios “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes” y además se autoriza al PEN a crear un fideicomiso “con el objeto de “financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
