Mientras se siguen sumando tomas de colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzara hace unos días con la del Escuela Normal Superior (E.N.S. 2) Mariano Acosta y hoy ya alcanza a cinco instituciones por reclamos respecto de la calidad de las viandas entregadas, demandas vinculadas con la infraestructura edilicia y solidaridad con el reclamo docente contra las jornadas de formación en fines de semana, el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta amenaza con procesar penalmente a los padres de los alumnos que se sumen a las medidas de lucha.
La lucha estudiantil con ocupación de colegios comenzó el viernes pasado en el Mariano Acosta, denunciando una severa falta de inversión educativa del Gobierno porteño que, además de en problemas de infraestructura, se manifestaba en escasez y mala calidad de las viandas para los comedores. Además, los estudiantes denuncian que un empleado de la empresa de mantenimiento Mig SA entró a cortar intencionalmente la luz del colegio para intentar que se abandone la toma.
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Este lunes los docentes del Mariano Acosta plantearon que “el plantel docente de los cuatro niveles (inicial, primaria, media y superior) repudia la violencia y la persecución ejercida contra estudiantes, autoridades y colegas” y se declaró “en estado de alerta y asamblea permanente”, reclamando “que se aclaren los hechos (por el corte intencional de luz), se abran canales de diálogo y se termine el hostigamiento contra la educación pública”.
En ese contexto, en las últimas horas también se sumaron a las tomas otras escuelas porteñas como el Lengüitas, el Lorca, la Escuela de Cerámica N°13, el Normal Mariano Moreno, la Padilla, el Liceo 5. Además, en algunas instituciones se organizaron “pernoctes”, como en el Pasteur, el Cortázar, el Normal 8 y en otras escuelas hay anunciadas asambleas para este martes, que podrían derivar en nuevas medidas de fuerza.
Como respuesta, el Gobierno de la Ciudad anticipó que realizaría denuncias penales contra a las familias de los estudiantes que se sumen a las tomas, aunque todavía ningún padre o madre fue notificado judicialmente. Esta estrategia ya se intentó aplicar en el año 2019 cuando un fiscal imputó a 43 padres por tomas en las que participaron los hijos, sin que luego la causa tuviera curso en la Justicia.
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La ministra de Educación porteña Soledad Acuña además afirmó que hay “manuales que están circulando con instrucciones para tomar colegios, que está repartiendo el kirchnerismo a través de su sindicato UTE (sic) y de sus legisladores del Frente de Todos”, sumando elementos a la posición oficial de que se trata de una medida “política”, sin fundamentos reales en las necesidades estudiantiles.
Acuña intentó negar la afirmación estudiantil de “falta de diálogo” planteando: “Pasaron de 0 a 100 en una sola semana. No hubo ni una instancia de pedido de diálogo, pasaron directamente a asambleas para tomar la escuela, y eso es una medida violenta”. Luego insistió con la denuncia de “bajada de línea dentro de las aulas” y remarcó: “Los alumnos no tienen que ser rehenes dentro del juego político”.
Para terminar, la ministra anticipó que las consecuencias legales “las pagarán los padres de los alumnos que tomaron las instalaciones”, haciéndolos “responsables del daño patrimonial que pueda suceder y de lo que ocurra con cualquier menor dentro del establecimiento que no está a cuidado de una persona mayor”. Y concluyó: “Tomar una escuela es una medida violenta que vulnera el derecho a la educación al resto de los chicos que van a ese colegio. En este caso fueron 10 estudiantes que entraron el viernes junto a sus padres, que esto es lo más grave; es decir, las familias avalando esta situación de intrusión y de usurpación de un edificio público con reclamos por como te decía, inentendibles e inesperados porque no se venían trabajando”.
