La mega cadena de supermercados, cuya casa central radica en Tucumán, solicitó concurso preventivo de acreedores ante la Justicia comercial. Paralelamente requirió un Plan Preventivo de Crisis pues hay en riesgo una plantilla de trabajadores que hoy supera a las 1.000 personas. Además estaría negociando vender varias de sus sucursales para alivianar sus cuantiosas deudas.
La firma del empresario tucumano, Emilio Luque, agrupa 19 supermercados distribuidos en las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero de las cuales actualmente estarían negociando desprenderse de 15 de ellas, ubicadas en las tres primeras.
Así Luque avanza con la solicitud del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) porque la empresa también recurriría al despido de empleados, no solo para reducir sus costos laborales sino que sería una las condiciones que impondrían los posibles compradores de las sucursales que están a la venta. Hasta el momento los empleados que siguen trabajando y liquidando los stocks que hay en los locales no cobraron ni el sueldo de junio y el aguinaldo.
La situación es crítica y la deuda millonaria. Con la apertura del concurso de acreedores la empresa buscaría refinanciar estos pasivos. Paralelamente busca un plan de pagos en forma urgente con la AFIP pues mantiene aún un importante saldo en rojo con el organismo estatal, quien ya embargó parte de sus cuentas.
En este contexto, dueño de este grupo, Emilio Luque, continúa solicitando algún tipo de salvataje al Gobierno de la provincia de Tucumán y dice que su crisis es producto de la falta de crédito a tasas lógicas en el sistema bancario.
Las opiniones son cruzadas al respecto: empresarios tucumanos de reconocida trayectoria, aseguran que el colapso de la cadena de supermercados tiene que ver con un “desmanejo” de fondos y “un vaciamiento programado”.
