La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este lunes con representantes del Gobierno nacional para plantear la necesidad de declarar la emergencia alimentaria a nivel nacional, un planteo que ya han hecho la Iglesia Católica, los movimientos sociales y numerosos legisladores. Pero también se está discutiendo la posibilidad de incorporar a los planteos la “emergencia sanitaria”, tomando en cuenta la difícil situación de las obras sociales sindicales, especialmente después de la reciente devaluación post PASO y el impacto que tiene un dólar alto en un sector tan dolarizado como el de la medicina.
El departamento jurídico de la central obrera se encuentra analizando esta situación, para llevarle al gobierno una propuesta fundamentada de aumento de los fondos destinados al sistema de salud gestionado por los gremios, que atiende a 18 millones de afiliados. Horacio Ferro, abogado de Gastronómicos, adelantó: “Vamos a reclamar por la emergencia sanitaria, el aumento en los costos nos pega a todos y queremos una solución”.
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La reunión los referentes gremiales especializados en el tema obras sociales fue convocada por el propio cotitular de la CGT Héctor Daer, líder del gremio de Sanidad. En las obras sociales afirman que la situación es “desesperante” después del impacto de la devaluación que ha llevado el precio de algunos medicamentos importados a niveles prohibitivos, lo mismo que sucede con algunos tratamientos complejos, respecto de los que ya las obras sociales gremiales vienen lidiando con numerosos amparos judiciales.
El impacto de la devaluación también golpeó directamente a los reactivos químicos para los análisis, que aumentaron casi un 40% desde las PASO. Además, a diferencia de las prepagas que fueron autorizadas para ofrecer planes “low cost”, los gremios denuncian que no tienen la posibilidad de ofrecer planes de atención limitados.
El debate gremial sobre las obras sociales se llevará adelante en la sede de UPCN, poco antes de la reunión programada para las 15 con el ministro de Producción Dante Sica y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, que acordaron evaluar con la central obrera el reclamo de emergencia alimentaria que en las últimas semanas se multiplicó desde distintos sectores políticos y sociales.
