El capítulo más polémico y discutido de la Ley Bases que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei y comenzó a discutirse este lunes en el Congreso Nacional sin dudas pasa por la reforma laboral. La propuesta que se discute hoy está muy atenuada respecto de la iniciativa original y del proyecto que elaboró la Unión Cívica Radical (UCR), pero aún así incluye numerosos puntos muy regresivos para los trabajadores, que implicarán un fuerte retroceso en los derechos y la protección al trabajo.
En principio, el plan de reformas laborales que el oficialismo había incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 (que se encuentra en vigencia, salvo en sus apartados laborales que fueron impugnados judicialmente por las gremios y centrales de trabajadores) iba a ser reemplazado en la nueva y reducida Ley Bases por un capítulo elaborado por la UCR, que incluso iba más allá que el DNU en la ofensiva contra los derechos laborales (y que, como se había anticipado, concitaba la oposición incluso de bloques “dialoguistas” como el de Hacemos Coalición Federal). Después de las críticas planteadas por las centrales obreras y luego del impacto que implicó la masiva marcha universitaria de la semana pasada, el Gobierno necesita anotarse algún triunfo legislativo, por lo que impulsa un plan mucho más limitado de reformas.
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Así, el proyecto actual, que pasó de 58 artículos laborales a 16, descarta los puntos más irritantes para el sindicalismo, especialmente los vinculados al pago voluntario de las cuotas solidarias, la modificación del criterio de ultraactividad de los convenios colectivos y la declaración de “esencialidad” de algunas áreas laborales para impedir su derecho a huelga.
En la versión reducida se extiende el periodo de prueba de los trabajadores a seis meses (con posibilidades de ampliarlo, según el tipo de empresa, a ocho meses o un año), se eliminan las multas a los empresarios por empleo no registrado, se implementa un fondo de cese laboral optativo para eliminar las indemnizaciones patronales y establecer el sistema de fondo de desempleo de la UOCRA (que deberá ser negociado por gremios) y se crea un sistema de “trabajadores independientes” que podrán tener hasta cinco “colaboradores” para ciertos emprendimientos productivos sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes.
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En casos de despido sin justa causa (habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba), se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración del último año pero excluyendo el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual. La indemnización se agravará en un 50% si el despido está motivado por un acto discriminatorio (si hay sentencia judicial que corrobore el hecho).
La participación en bloqueos o tomas de establecimientos, totales o parciales, configurará una “grave injuria laboral” y podrá ser tomada como causal de despido, estableciéndose además penas de entre seis meses y tres años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias “con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio”.
El cotitular cegetista y adjunto de Camioneros Pablo Moyano consideró que este proyecto de reforma laboral es “una condena para los trabajadores”, que debe ser rechazada “de plano”. “No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”, denunció. Y agregó: “Plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante a una medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una medida”.
