Hace una semana los trabajadores organizados en la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) vienen llevando una medida de fuerza que paralizó el movimiento de carga y descarga de granos en todos los puertos del país, así como en distintas instancias de la industria agroexportadora.
Según comunicaron este miércoles desde las organizaciones gremiales en cuestión, después de la audiencia de diez horas llevada adelante este lunes en el Ministerio de Trabajo no se logró cerrar un “acuerdo que permitiera terminar el conflicto” con las cámaras patronales. Como respuesta, desde este sector emitieron un comunicado “para justificar su intransigencia disfrazándola con nuevas y groseras falsedades”, según afirman los gremios, acusando a los trabajadores de “pedir más”, de “profundizar las medidas” y de cometer “actos ilícitos” en el marco de la huelga.
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“Estos voceros de las empresas más poderosas del país, hábiles y experimentados lobbystas que se muestran presionando abiertamente a los gobiernos elegidos democráticamente para beneficiarse con medidas impositivas, pretenden culpar a los obreros y obreras de su decisión de no liquidar los dólares y promover, como lo han hecho siempre, una salida devaluadora que incrementaría aún más sus extraordinarias ganancias y golpearía nuevamente a todo el pueblo argentino”, explicaron.
Al respecto, descartaron las afirmaciones patronales de que la huelga le genera un perjuicio de 100 millones de pesos diarios ya que, si esa fuera la cifra, “con un solo día de los siete que lleva la huelga les alcanza y sobra para pagar el aumento de todo el año a todos los trabajadores”. En cambio, los gremios del sector aseguran que las empresas “han duplicado su facturación en pesos desde marzo de este año, tanto por el incremento del precio de la soja y las commodities como por la devaluación, la rebaja en las retenciones y la vuelta del diferencial para las aceiteras; todo mientras el mundo sufre la consecuencia del COVID-19”.
En ese sentido, afirman además que las cámaras incumplieron los acuerdos firmados y detallan que en el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, mientras que con URGARA no se firmó aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde junio del 2020. Por esto, se exige que las cámaras cumplan con los acuerdos de este año y que se ajuste el 25% de incremento salarial ya percibido para llevarlo al 35% de inflación proyectada para este año, pagando además el bono anual ajustado con la pauta firmada.
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Los gremios aclararon también que el reclamo no se basa en las proyecciones inflacionarias ni en las “ganancias extraordinarias que tienen las patronales del sector” sino en las necesidades de los trabajadores, algo que “tiene fundamento en la Constitución Nacional que establece el derecho a un salario justo, que garantice una vida digna”. “Lo que las entidades sindicales exigimos es simplemente el cumplimiento del 14bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que define al salario vital como la ‘menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión’”.
Al respecto, añadieron que la suma necesaria para cubrir esas necesidades básicas a enero de 2021 es de $93.280 (conforme los estudios derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, ENGHO, que publica el INDEC), mientras que en la actualidad los básicos de convenio no llegan a los $70.000, estando pendiente el reajuste del 2020. “Para ello pedimos un aumento para el año 2021 de 25%, menos de lo que el presupuesto nacional proyecta de inflación 2021”, agregaron. E insistieron: “Ese es el valor de la fuerza de trabajo, un derecho constitucional de todos los trabajadores y trabajadoras, no sólo de los aceiteros. Sin embargo, se naturaliza que existan trabajadores y trabajadoras pobres que deben elegir mes a mes qué necesidades básicas de sus familias quedan insatisfechas”.
Además, los gremios y la Federación se negaron a aceptar aumentos que simplemente “acompañen” la inflación, lo que implicaría un “congelamiento salarial” que no garantiza ningún tipo de reactivación económica. En el mismo sentido, recordaron que las organizaciones de los trabajadores del sector se construyeron luchando contra la flexibilización laboral de los años 90 y peleando por los derechos, por lo que se afirmaron que no están dispuestos a “perder lo que hemos conseguido en años de organización y lucha”.
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“Hoy las patronales nos acusan, mienten y presionan al gobierno y a la sociedad; pretenden hacernos ver como unos privilegiados y locos por pretender darles a nuestras familias lo que es un derecho: una vida digna producto de nuestro trabajo. Esa vida digna que es un objetivo aún a alcanzar. Porque mientras las empresas agroexportadoras acumulan ganancias extraordinarias año tras otro, enfrentamos los mismos problemas, dificultades, deudas y hacemos múltiples sacrificios para poder avanzar como la gran mayoría del país. No vivimos del trabajo ajeno, somos trabajadores y trabajadoras que luchamos por un salario digno para vivir”, añadieron.
Las tres organizaciones sindicales concluyeron: “No nos amedrentarán con amenazas de denuncias penales ni con operaciones mediáticas de desinformación. Nuestro compromiso es con los trabajadores y trabajadoras que representamos, y toda la clase trabajadora, y lo vamos a cumplir”.
