El Gobierno planea otra ofensiva por decreto contra las obras sociales sindicales

Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante la mañana de este lunes, el Gobierno de Javier Milei tiene previsto avanzar esta semana en otro movimiento ofensivo contra los sindicatos, lanzando un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con un plan de desregulación de las obras sociales sindicales en el que el Estado nacional dejaría de subvencionar esta área de la salud fundamental para millones de trabajadores. Hoy el sistema de medicina prepaga atiende a unos seis millones de personas, incluyendo a quienes triangulan con las obras sociales.

La decisión oficial se aceleró después de que se trabara la Ley Ómnibus en el Congreso nacional y también tras la serie de amparos logrados por las centrales sindicales contra el DNU 70, que pretendía avanzar con una violenta reforma laboral, tan inconsulta como repudiada por los gremios. Así, trascendidos oficiales anticipan que a más tardar este martes, el Gobierno de Milei insistiría con otro DNU buscando golpear el área sanitaria de los sindicatos, que recibe importantes aportes nacionales a través de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

La CGT acusa al gobierno de “hacer fracasar” la reunión del Salario Mínimo Vital y Móvil.

La Confederación General del Trabajo (CGT) viene planteando su preocupación respecto de estos trascendidos, por lo que durante el fin de semana alertó respecto del riesgo de “colapso” del sistema de obras sociales gremiales si se avanzara en este sentido. Jorge Sola, secretario de Prensa de la central obrera, desmintió las acusaciones oficiales sobre el supuesto ataque contra una “caja de financiamiento gremial”, aclarando que “las obras sociales no son la caja de los sindicatos” sino que “funcionan subsidiadas por los aportes de los gremios para que puedan cubrir todas las prestaciones de salud”.

En este sentido, el también titular del Sindicato del Seguro, remarcó que el sistema de salud de la Argentina es “único en el mundo” y se encuentra conformado por el sector público, el privado (las prepagas) y el sistema solidario de las obras sociales, sostenido en buena parte por “aportes que provienen del salario de los trabajadores”. Y agregó: “En total es un 9%: 6% por parte del empleador, que va directo a las obras sociales, y otro 3% que pone el trabajador. Con eso se dan las prestaciones de salud a todos los trabajadores en relación de dependencia. Ese 3% va a un fondo de redistribución, que es lo que erróneamente llaman ‘la caja de las obras sociales’”.

“El Estado no financia a las obras sociales; eso es un grave error, ya que son fondos de los trabajadores que se redistribuyen para casos de enfermedades de altísimo costo, como las oncológicas, HIV, enfermedades nuevas, que permiten que las obras sociales puedan ser compensadas a través de este sistema. Pero no es dinero del gobierno”, concluyó.

José Luis Lingieri, secretario de Acción Social de la CGT, añadió que “los problemas de fondo del sistema de salud no lo van a solucionar las prepagas” y exigió “replantear es el Programa Médico Obligatorio (PMO)” y ajustar el área de atención por discapacidad “que se lleva el 90 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución”.

El gremialista enfatizó que “lo que no está resuelto es el tema de los medicamentos de alto precio; los monotributistas que debería ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar, y los jubilados que opten por la obra social de la actividad el PAMI debería transferir la parte que le retienen a los jubilados”. Y concluyó: “Si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6.000000 opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas como monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo, ya que somos 46.000000 de argentinos y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que esos 6.000000 que pueden pagar un prepago no tengan que ir obligatoriamente a una obra social”.

De avanzar esta nueva ofensiva oficial contar los gremios, esto se constituiría en un aliciente más para acelerar el nuevo paro general que se viene analizando desde la CGT para las próximas semanas, sobre todo después del boicot del Gobierno a la reunión del Consejo del Salario que se llevó adelante la semana pasada.