El ministerio de Desarrollo Social, que lidera Daniel Arroyo, decidió anular las licitaciones por alimentos que estuvieron en el ojo de la tormenta esta semana por haber sido abonadas por sobreprecios, algo que reconoció el propio ministro. Además con el correr de las horas despidió a 15 integrantes de la cartera, considerados responsables.
En una resolución administrativa, la cartera dejó sin efecto la compra de aceite y azúcar; también resolvió llamar de inmediato a elaborar el nuevo proceso de compra directa con precios máximos establecidos por el Gobierno. De este modo, no podrán pagarse montos superiores que el propio Estado determinó.
Por otro lado a la renuncia de Gonzalo Calvo, Secretario de Articulación de Política Social, le siguieron otras 14 de funcionarios de su área. En la mira siguen quedando las funcionarias Cecilia Lavot, Secretaria de Gestión Administrativa y Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social.
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A su vez, se instruyó a los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados del Estado a realizar los pasos necesarios para que se respeten, siempre, los precios máximos. Al mismo tiempo, Arroyo, le pidió este martes la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, responsable de autorizar la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sigen.
Desde la cartera de Desarrollo Social afirmaron que por el momento no se constató un “acto de corrupción”, sino un proceso por lo menos “desprolijo”. Calvo ya había trabajado en Desarrollo Social y regresó a la cartera en diciembre de 2019 de la mano del mismo Arroyo.
