En consonancia con otros sindicatos, el gremio de los canillitas que cuenta con 5 mil kioscos entre CABA y provincia de Buenos Aires, protestó contra el gobierno porteño por operativos que «levantan» los puestos de venta en los que actúan contra la falta de permisos, cuando la entrega de los mismos es responsabilidad oficial.
El sindicato de Canillitas (Sivendia) denunció una “persecución laboral” por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que acusó de realizar operativos en los puestos, llegando en algunos casos a levantarlos, sin tener en cuenta que “el atraso en la entrega de los permisos es responsabilidad de sus funcionarios”.
A partir del 2015 comenzaron a sucederse operativos de control “intempestivos de una rigidez e inflexibilidad impensadas, llegando al extremo del levantamiento indebido de puestos de diarios autorizados y con los permisos correspondientes en orden”, acusaron desde Sivendia.
Los argumentos de los vendedores de diarios y revistas de Capital Federal fueron justamente la demora en estos papeles que se ha producido por años y acusaron que en muchos casos “terminan perjudicando la fuente de trabajo y dañando a las “paradas”.
Omar Plaini, titular del gremio denunció que “Venimos padeciendo situaciones que pueden enmarcarse dentro de la figura de «persecución laboral, debido a las formas en que se llevan a cabo los procedimientos de control de permisos que la Administración debe requerir según la legislación de la Ciudad”,
La actividad se encuentra regulada dentro del marco del Decreto Ley 1.693/09, siendo el ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, la autoridad de aplicación en la materia, la que otorga los permisos correspondientes que cada trabajador del sector gestiona según lo establecido en la Resolución Nº 935/10.
En ese sentido hicieron incapié en que “el gobierno de la Ciudad no otorga ningún derecho, no es su ámbito de incumbencia y no tiene atribuciones para hacerlo. Únicamente le corresponde confirmar el lugar de emplazamiento del kiosco y entregar el permiso correspondiente, administrando el espacio público con resguardo de los derechos laborales consagrados por la legislación nacional”, dispararon los canillitas sobre la actitud del Estado, vinculada aparentemente a favorecer el libre tránsito de los peatones.
