A través de la Resolución 1050 publicada en el Boletín Oficial a las 0 horas del miércoles, se estableció el congelamiento de casi 1400 productos, algo que no fue finalmente acordado con el sector empresario, sino que a través de la norma, se puso en vigencia.
Lo cierto es que, ese desacuerdo entre las empresas alimenticias agrupadas en la COPAL y la Secretaría de Comercio puede desencadenar en una judicialización de la medida. La resolución de precios máximos fue publicada horas después de que terminara la reunión entre Roberto Feletti, secretario de Comercio, y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal, donde hubo máxima tensión.
Desde el rubro, un grupo de compañías coincidió en que en supermercados es “imposible” incumplir, dado que hay distintos tipos de monitoreos en tiempo real, mientras que en comercios de barrio es “muy difícil” la fiscalización. Particularmente se esperan fuertes monitoreos en las primeras semanas del programa y antes de las elecciones generales del 14 de noviembre.
Por otra parte, descartaron que haya “ajuste en volumen”, o que falten productos en góndola, es decir que haya desabastecimiento. Dentro de la Copal, se debaten entre dos caminos: por un lado, profundizar el diálogo con la Secretaría de Comercio empresa por empresa, y llevar planillas de costos en los productos que “comprometan” la rentabilidad empresarial. Por el otro, judicializar la medida, pero hacerlo de manera corporativa, no por cada empresa.
