Ante la parálisis en la provisión de medicamentos que sufren 245.000 personas con discapacidad, los dirigentes que representan a las personas con discapacidad se presentaron en la residencia presidencial de Olivos para exponer al presidente, Alberto Fernández el problema que los atraviesa, y pasaron la noche del martes allí, apostados a la espera de una respuesta positiva.
La manifestación comenzó en horas de la tarde y desde la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del País (CONJUB) aseguraron que permanecerían “hasta que sea garantizado este derecho mediante la aplicación del Convenio Marco de Incluir Salud».
Fue el mismo titular de la organización, Pedro Ávalos, quien en diálogo con Estado de Alerta explicó que el “gobierno de la provincia de Buenos Aires, está cambiando el modo de provisión de medicamentos por lo cual desde hace tres meses no funciona el sistema viejo y todavía no funciona el nuevo” con lo cual se encuentran a la deriva, motivo por el que “solicitamos que el gobierno nacional tome una medida de excepción como lo estipula el «Convenio Marco de Incluir Salud».
El convenio deja sentado que “en situaciones de conflicto con los prestadores que impliquen “riesgo de vida”, el Ejecutivo Nacional puede abonar en forma directa las prestaciones que no estén garantizadas, y esta función le corresponde a la «Dirección Nacional de Acceso a la Salud» a cargo del Dr. Daniel López de la ANDis (Agencia Nacional de Discapacidad), motivo por el cual el reclamo está dirigido al mismo presidente a quien se le hizo llegar una carta pidiendo su intervención.
Los dirigentes de la discapacidad hace largo tiempo que vienen peleando por los derechos de este grupo de gran vulnerabilidad. De hecho en el 2019 llevaron adelante una batalla muy fuerte contra la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir la efectiva derogación de la resolución Nº 1231/19 , que restringía los tratamientos destinados a las personas con discapacidad, reducía las horas de terapia y achicaba los prestadores autorizados a realizarlas.
El pasado 13 de septiembre, luego del rechazo que produjo entre las organizaciones la cuestionada resolución, la Superintendencia debió dar marcha atrás a través de una nueva resolución (1416/19) que la dejó sin efecto. “Pero no nos conformamos con la suspensión, que solo es una forma de dilatar en el tiempo el ajuste que pretenden realizar. Queremos la derogación”, plantearon las ONG convocantes, que finalmente fueron recibidas por funcionarios de la Superintendencia que se comprometieron a tratar la derogación de la norma en la reunión de Directorio.
Ahora, aunque en otro contexto, tampoco desistirán de ser escuchados. Y permanecerán de pie el tiempo que sea necesario hasta que se tome nota de un reclamo «esencial» que hace a la vida digna de las personas con discapacidades.
