El Gobierno le ofreció un 6,5% de aumento a los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, después de meses de negociación. El gremio se declaró en “estado de asamblea permanente, alerta y movilización” y anticipó la posible “concreción de medidas de acción directa”.
En el marco de una inflación que ya desde el propio Banco Central se anticipa como superior al 40% para fines de año, el Gobierno le hizo a los trabajadores de Vialidad Nacional una oferta paritaria de 6,5% «real» de aumento, que evaluaron como “discriminatoria” respecto de los anuncios de aumentos otorgados en otros ámbitos estatales a todos los niveles.
La propuesta oficial es un aumento del 15%, «lo que no dicen desde el gobierno» es que ese incremento es aplicable solamente sobre el sueldo básico y extras como el Soporte a la Gestión Vial (SGV), cargo ejecutivo, zona y eficiencia, dejando fuera del porcentaje ofertado adicionales y suplementos, por lo que desde el gremio denuncia que el aumento «real» ofertado es de aproximadamente un 10% para las categorías superiores y de apenas 6,5% para la categoría 14.
Un comunicado del Sindicato de Trabajadores Viales (en el que en estos días asumirá Graciela Aleñá como nueva secretaria General) denuncia que la oferta no se ha mejorado en nada desde el inicio de las negociaciones, hace ya seis meses atrás, y que no se evaluó ninguna de las propuestas aportadas por los representantes de los trabajadores, lo que “conforme lo establece la legislación vigente conlleva una negociación de mala fe y carente de esfuerzo alguno tendiente a alcanzar un acuerdo”.
El texto dirigido al ex ministro y actual secretario de Trabajo, Jorge Triaca, confirma que la oferta, “como no podía ser de otra manera”, fue rechazada por los trabajadores de Casa Central y de los distintos distritos del interior del país, ya que aceptarla “provocaría la pérdida superior al cuarenta por ciento del poder adquisitivo de los viales conforme las más optimistas expectativas vigentes en materia de inflación”.
La negociación salarial aparece como más complicada en el marco de los persistentes rumores de privatización del sector, respecto del que los trabajadores vienen alertando desde hace meses.
