Son gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo y la Central de los Trabajadores que, a pocas horas de las audiencias públicas convocadas por el gobierno nacional para definir incrementos en las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, emitieron un comunicado en el que piden al Ejecutivo “evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano».
En una solicitada difundida a tal fin, expresaron que para determinar el valor de las tarifas, “primero es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad”.
Paralelamente, desde el Gobierno ya anticiparon que no habrá marcha atrás en la segmentación de las tarifas para quitar los subsidios al 10% más rico de la población que todavía goza de ellas.
En ese punto y según informó la Secretaría de Energía de la Nación, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio prontamente.
Pero la complejidad del tema energético, supera al valor de las tarifas y tiene que ver también con la capacidad de abastecimiento y exportación. A tal fin, el presidente, Alberto Fernández busca inversiones en Europa que permitan terminar el gasoducto, Néstor Kirchner y poner al 100% el funcionamiento el yacimiento de Vaca Muerta.
En tanto, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, que son beneficiarios de tarifa social, recibirán una corrección en promedio del 17%, mientras que para la mayoría de los usuarios de Gas del país el incremento será del 21,5% con leves variaciones según las regiones.
Ante estos anuncios, los gremios consideraron que “quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”.
Los sindicatos recordaron la política energética de Mauricio Macri, quien “aplicó” durante su presidencia tremendos “tarifazos” que consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad” y que generaron “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas».
Esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PYME y en los niveles de actividad económica en general”, remarcaron en el documento y pretenden evitar que éste gobierno no lleve el mismo rumbo, y atado a las políticas del FMI, deba reducir el déficit fiscal de tal modo que haya que ajustar más el salario del trabajador.
Eso significaría un “retroceso” en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos” que de permanecer con éstos porcentajes de inflación continúan cayendo bajo la línea de pobreza pese a tener trabajo, en muchos casos, trabajo formal.
