Este martes la conducción nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó una denuncia penal contra uno de sus dirigentes, acusándolo de haber llevado adelante “negociados multimillonarios para beneficiar a empresarios cercanos”.
Según detallaron desde el gremio encabezado por José Voytenco, el acusado el ya suspendido tesorero Juan Carlos Castro, integrante del Secretariado Nacional, a quien se acusa de montar “una asociación ilícita para otorgar millonarios negocios a empresarios cercanos” con la presunta “complicidad de funcionarios del Ministerio de Trabajo”.
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La acusación impulsada por sus pares del Secretariado Nacional, sostiene que Castro firmó acuerdos con dos empresas cercanas (Sol Naciente Seguros y New Port Investment), generando fuertes perjuicios para el patrimonio de la organización. La denuncia detalla: “New Port Investment SA y Sol Naciente Seguros SA, con intervención mediante de Juan Carlos Castro, han contratado con la UATRE en distintos períodos de tiempo. La primera celebrando un Mutuo de Préstamo millonario, y a la segunda ofreciendo el servicio de seguro de sepelio para sus afiliados”.
Voytenco manifestó al respecto: “Como secretario general de la UATRE tengo la obligación de representar a todos los afiliados del país, y fueron los compañeros de todas las provincias que me pidieron que ponga un corte a estos desmanejos y a esta forma de moverse dentro de la institución, por lo cual voy a hacer lo necesario para defender a los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país”. Gerónimo Pérez, referente de los peones rurales de la provincia de Córdoba, enfatizó: “No queremos más el sindicalismo de Castro, que no tiene contacto ni apoyo de las bases. Se acabaron las cosas ocultas en el gremio. Ahora sí están representados los trabajadores”.
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Las sospechas del gremio apuntan no sólo a los perjuicios económicos sino a una maniobra por la que las empresas también estarían patrocinando “financiera, política y judicialmente a una interna en la organización”. En ese sentido, se sospecha de una actuación coordinada con el secretario de Trabajo de la Nación Marcelo Bellotti “para promover la resistencia a las sanciones del propio Castro y de Jorge Dávalos”. A Bellotti se lo acusa de “haber demorado la resolución de un conflicto y de fallar en contra de la jurisprudencia que él mismo venía fijando en casos similares”, lo que lo ubicaría como parte de la “asociación ilícita” que también involucra al ex fiscal general del Trabajo y ahora asesor del Ministerio de Trabajo Eduardo Alvarez.
Desde la conducción del gremio trascendió que, en base a la auditoría que está llevando adelante la institución, “se ha detectado que el gremio tiene completamente pagada la construcción de un edificio que recién se está comenzando a construir”, entre otras graves irregularidades.
