Trabajadores Precarizados movilizan el viernes contra rebajas salariales, suspensiones y despidos

La Red de Trabajadores Precarizados convoca a una movilización de reclamo este viernes, en confluencia con la protesta de la Asamblea Nacional de Repartidores. Ambos sectores concentrarán en el Obelisco a las 10 de la mañana para luego llevar sus demandas al Ministerio de Trabajo de Callao al 100. Denuncian el difícil momento que atraviesan, con rebajas salariales, despidos y suspensiones de las empresas, en violación al Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Estado los prohibió a inicios de la cuarentena, una situación que aseguran es avalada por el Estado nacional que aporta financiamiento a multinacionales que no lo necesitan por la vía del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sin garantizar que las empresas cumplan con el pago de los salarios y las condiciones laborales mínimas.

La Red de precarizados está integrada por trabajadores de empresas de comida rápida como Burger King o McDonalds, repartidores de empresas de plataformas, trabajadores de call centers y muchos otros rubros. La decisión de llevar adelante esta protesta para visibilizar su situación se tomó en luego de llevar adelante asambleas en distintos puntos del país que reunieron a más de 1100 jóvenes precarizados. Según aseguraron, la movilización se realizará con barbijos y respetando el distanciamiento social obligatorio en el contexto de epidemia.

Desde Estado de Alerta dialogamos con Selma Saeg, trabajadora de call center e integrante de la Red, quien aseguró que desde el sector “ya no aguantamos más las condiciones que tenemos en esta cuarentena”. Y añadió: “En mi caso estoy en un call center y, como muchos de este sector, trabajamos con ritmos que te queman la cabeza. A una de las chicas de la Red, por ejemplo, la despidieron por WhatsApp a pesar de que hay un DNU que lo prohíbe, pero el Gobierno y las conducciones sindicales miran para otro lado”.

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Felipe Sánchez, trabajador de Burger King y otro integrante de la Red con el que dialogamos desde este portal, ratificó ese escenario de incumplimiento del decreto contra despidos y rebajas salariales por parte de las empresas de fast food: “Nos empezamos a organizar desde marzo, ante las rebajas brutales de salario que hemos sufrido por parte de esas empresas enormes. Lamentablemente, estas multinacionales se organizaron para pasar por encima del DNU que prohíbe despidos y rebajas salariales, sin tener ningún tipo de consecuencia”.

El trabajador explicó que además estas empresas se anotaron en el Programa ATP, por el que el Anses aporta el 50% de los salarios, pero denunció que una práctica habitual en estas empresas es registro ficticio de categorías de las liquidaciones para que finalmente el aporte estatal cubra el total del los bajísimos salarios que reciben los empleados, lo que implica que en muchos casos la empresa no estaría aportando nada. Más allá de denuncias sobre descuentos incomprensibles, por los que en las últimas quincenas muchos trabajadores han recibido recibos por cero pesos, Sánchez confirmó que desde la Red de Precarizados se están asesorando legalmente ante la fuerte sospecha de la ilegalidad de este tipo de prácticas y de un posible “fraude laboral”. Incluso en casos en los que el aporte de Anses supera el monto de liquidación de una quincena, las empresas retienen el pago hasta que se alcance esa cifra, en una práctica muy irregular.

Ya a principios de la cuarentena, las empresas de comida rápida fueron denunciadas por aplicar unilateralmente brutales rebajas salariales de hasta un 70% de los haberes por distintos ítems, incluyendo el rubro presentismo (pese a que la circulación estaba prohibida por una decisión estatal y no de los empleados), lo que finalmente el Ministerio de Trabajo obligó a retrotraer. Sin embargo, después de ese revés, las empresas acordaron con el Sindicato de Pasteleros, que representa al sector, la aplicación de un descuento salarial de alrededor de un 30% para todos sus trabajadores por lo que los sueldos que en promedio son de 16 mil pesos pasaron a ser de 12 mil, una cifra con la que resulta imposible garantizar la subsistencia, especialmente en un contexto de pandemia.

En relación con el rol del gremio, al que definió como un “sindicato amarillo que hace arreglos con las patronales”, Sánchez explicó: “Ante esa situación acudimos al sindicato, que nos cerró las puertas sin darnos ningún tipo de respuesta, más allá de individualizar el problema, recomendando mandar cartas documento de forma individual”.

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Más allá de la situación dramática de los trabajadores de las empresas de comida rápida, Sánchez afirmó que “la misma situación se está viviendo en muchos otros sectores, incluso en peores condiciones, porque nosotros hoy tenemos el «privilegio» de estar blanqueados y tener un sindicato, aunque no tengamos un salario digno”. En ese sentido, aseguró que en las últimas semanas se han sumado a la Red de Precarizados trabajadores de salud, educación, limpieza y muchos otros rubros.

Según comentó Saeg, uno de los sectores que integra la red que está atravesando una situación más complicad es el de los repartidores “son la cara de la precarización porque pedalean horas y horas para ganar unos pesos mientras las empresas no les otorgan ningún elemento de seguridad y se mueren por la precarización, como Franco Almada, que murió hace unos días atropellado mientras laburaba”. Durante murieron tres trabajadores de las plataformas de reparto: además de Almada, el joven haitiano Emma Riosendaulv Joncka y Miguel Ángel Machuca

Saeg también añadió que un reclamo común es el de acceso generalizado al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, que la mayoría de los integrantes de la Red no pudo cobrar (por tener algún trabajo en blanco, no tener la nacionalidad argentina u otras razones). En este sentido, también señaló que es un aporte que “no alcanza” para mucho y exigió que se aumente a 30 mil pesos. “Porque la plata está, hay que sacársela a los más ricos del país, a esas empresas que nos precarizan”, con concluyó.