Los trabajadores de la agencia pública de noticias Télam continúan con el “acampe” de protesta frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se inició hace más de una semana para alertar contra la posibilidad de nuevos despidos. El reclamo sigue siendo el mismo que hace meses: que todos los expedientes de los 357 despidos del año pasado sean abordados por el mismo tribunal y que no, como pretende el Gobierno nacional, se repartan entre distintos juzgados.
El acampe permanece instalado en Lavalle 1554 de la Ciudad de Buenos Aires, “hasta tanto se cumpla la demanda de ‘Justicia independiente’”, según informó en su momento la Comisión Gremial Interna (CGI) de Télam, que es parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
En la madrugada de este lunes, desde el acampe confirmaron otra jornada de actividades de organización y difusión. A las 7 am se realizó un “desayuno popular” y de 9 a 11 una “volanteada” para difundir la crítica situación de la agencia entre los transeúntes.
Iniciamos una nueva jornada de lucha y acampe frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.#JusticiaParaTelam #TelamSomosTodxs pic.twitter.com/JKVnyS3JKb
— Somos Télam (@somostelam) June 10, 2019
En el marco de las constantes actividades que se realizan en el acampe, de las que participan referentes gremiales, periodistas, artistas, legisladores y referentes de organismos de derechos humanos, este domingo se acercaron representantes de Madres Línea Fundadora, que también aportaron dinero para el fondo de huelga.
Las idas y vueltas judiciales por los despidos en Télam llevan meses. El año pasado, tras 119 días de paro -la huelga más larga del gremio de prensa en Argentina-, se lograron dos fallos favorables que planteaban la reincorporación. El primero fue de Ricardo Tatarsky, a cargo del juzgado Nacional del Trabajo Nro. 22 que se pronunció sobre cinco casos concretos pero cuyo alcance puede abarcar a la totalidad de las y los despedidos. El juez consideró que la empresa no había justificado (por ejemplo mediante un Procedimiento Preventivo de Crisis) una reducción tan significativa de su personal.
Esto fue ratificado por la Sala V de la Cámara del Trabajo con la firma de los magistrados Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo. Dicho tribunal tenía ahora que resolver definitivamente la situación del resto de las y los despedidos. Pero según denuncia el gremio “el Gobierno nacional comenzó a presionar a la Justicia para que los demás expedientes no recayeran sobre los mismos jueces”.
