La inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso dejó mucha tela para cortar. El precio de las tarifas es una de las grandes preocupaciones que atañe al acuerdo con el FMI, pero mucho más al bolsillo de los usuarios. La resolución de ese tema es uno de los temas centrales de agenda por éstos días.
Es por eso, que luego de haber insistido desde la gestión Fernández en que no habría aumentos mayores a los anunciados meses atrás, se trabaja ahora en la elaboración de una fórmula de actualización para las tarifas de los servicios públicos, pero bajo el intento de que la actualización no supere la de los salarios.
El cálculo en cuestión se basará en un proyecto elaborado por Sergio Massa, convertido en ley y vetado por el Ejecutivo en el 2018. Esa iniciativa marcaba como tope para los aumentos el coeficiente de variación salarial. Y paralelamente se quitarán los subsidios al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo.
La necesidad de reducir el déficit fiscal hace necesario retocar tarifas. Cuánto, cómo y a quiénes, son tres cuestiones que chocan con posiciones distintas dentro del Frente de Todos, y generan algunos de los ruidos más fuertes, que por éstos días, los tienen enfrentados.
En ese sentido, lo que dejan trascender desde el interior de la coalición, es que si se busca replicar la letra de la ley 27.44 presentada por el actual presidente de la Cámara, se tendría que “elaborar un nuevo texto con ese espíritu y someterlo a votación”.
Siempre dentro de éste marco, las subas tendrán como tope un 80% del coeficiente de variación salarial. “Así nos garantizamos que también queden por debajo de la inflación y que se lleve adelante un sendero de recuperación del poder adquisitivo”, dijeron.
Desde comienzos de año, el Gobierno viene asegurando que se llevaría a cabo un único aumento en torno al 20%, pero el nuevo proyecto podría traer una suba complementaria durante 2022. En concreto, si se aplicara esa fórmula de manera retroactiva al 2021, la actualización tendría que estar más cerca del 42%.
Si bien éste aumento se plantea como moderado, de acuerdo a estimaciones privadas, en caso de que el aumento plano sea cercano al 40%, los usuarios residenciales que dejen de percibir los subsidios reflejarán en sus facturas un incremento final cercano al 100%, cuestión que preocupa a todos los sectores, y que tal vez aunque no le guste al Gobierno que se lo llame ajuste, lo sea indefectiblemente.
