Suspenderán el decreto que daba 5 años de estabilidad para altos funcionarios macristas en el Estado

El Gobierno de Alberto Fernández suspenderá la vigencia del decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri a dos semanas del cambio de mando, que garantizaba una continuidad de 5 años para los cargos jerárquicos del Estado. La medida beneficiaba a unos tres mil funcionarios de alto rango ingresados con el macrismo, a los que les garantizaba que para ser removidos debían pagárseles los sueldos que les faltaran para completar cinco años de gestión, lo que implicaba una fuerte carga para la nueva gestión.

La nueva secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, consideró que el decreto 788/2019 implicaba “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”.

La administración entrante ya decidió suspender la vigencia de ese decreto, que también llevaba las firmas del ex jefe de Gabinete Marcos Peña y del ex ministro de Producción Dante Sica. El decreto también había sido cuestionado por abogados del Estado y por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aunque fue convalidado por UPCN.

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Castellani explicó que el decreto de Macri modificaba el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen para los accesos, retribuciones, permanencias, promociones y egresos de la Alta Dirección Pública. Esto además creaba un escalafón “de privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios”.

Para el nuevo gobierno de Alberto Fernández se considera “vital” establecer un sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”.

Otro de los decretos que habría decidido eliminar el nuevo Gobierno tiene que ver con el que firmara Macri en enero de 2018, después del escándalo por la designación de varios familiares del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, que prohíbe el nombramiento de consanguíneos directos en la administración pública.

Los casos más claro que llevaron a la nueva administración a modificar esa disposición tienen que ver con las designaciones de Gustavo Béliz en la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de su cuñado, Francisco Meritello en la de Medios. También el canciller Felipe Solá tiene a un cuñado, Guillermo Justo Chávez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Francisco Cafiero, primo del jefe de Gabinete, fue designado para un cargo en la cartera de Defensa.