Después de que el secretario de Trabajo Jorge Triaca confirmara su decisión de abandonar la cartera laboral después de la cumbre de líderes del G20, en el mes de diciembre, el ministro de Producción y Trabajo ya comenzó a desplazar a funcionarios afines al saliente ex ministro. En este proceso de recambio, uno de los primeros en dejar su cargo será el Superintendente de Servicios de Salud (SSS), Sandro Taricco.
Uno de los nombres que suena para su reemplazo es el del médico Sebastián Neuspiller, actual gerente operativo del organismo, médico, ex futbolista del ascenso y cercano al presidente Mauricio Macri. El funcionario, apodado “el Dandy”, se incorporó al PRO en 2014, apadrinado por Diego Santilli. Luego fue candidato a concejal, luego pasó por IOMA y en 2017 asumió como segundo de Taricco en la SSS, el organismo destinado a controlar las obras sociales.
Taricco ya había tenido conflictos este año con Jefatura de Gabinete por haber aumentado casi al doble los reintegros por discapacidad desde que asumió. Fuentes de la cartera de Producción negaron en las últimas horas que el tema esté resuelto, indicando que por el momento Taricco sigue cumpliendo funciones
En apenas dos meses de gestión, Sica ya se deshizo de dos funcionarios de peso (a la ida de Triaca hay que sumar la de Miguel Braun de la Secretaría de Comercio) y muchas versiones plantean como su próximo objetivo el alejamiento del cuestionado secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere.
Reclamo de obras sociales
Por otro lado, las obras sociales de los principales sindicatos (UOCRA, Comercio, Gastronómicos y otras) evalúan presentar una demanda contra el Estado Nacional por la falta de actualización de los pagos de las cápitas de jubilados ($192, sin actualización desde 2012) y el aporte de los monotributistas ($536, que en enero subirá a $689,10). Los gremios argumentan que Pami le paga a un sanatorio privado más de 1300 pesos por cada jubilado (y las obras sociales sindicales atienden más de 350 mil), mientras que el aporte de los monotributistas es “irrisorio” y establece una “solidaridad invertida”, ya que “un monotributista con ingresos de $50.000 aporta $536 y un empleado de la actividad de la obra social, que gana $20.000, aporta $1.800”.
