Aunque desde muchos sectores del sindicalismo coinciden en que el gobierno de Mauricio Macri “ya fue” y no tiene tiempo de revertir el plan económico de “destrucción de la producción y el empleo”, es inevitable visibilizar la gravedad de la situación que atraviesa el sector de los trabajadores.
Por ese motivo, desde este miércoles 15, las calles serán muestra del descontento generalizado que inician ATE y la CTA Autónoma, a lo largo de todo el país, con mayor recrudecimiento en la provincia de Buenos Aires, donde además de estatales, también paran los médicos de la CICOP y los Judiciales de la AJB.
A ese núcleo también adhieren universitarios y otros sectores que no alcanzan a cerrar siquiera los acuerdos salariales del 2018, en un día muy particular donde el INDEC difundirá una inflación para el mes de abril de alrededor de un 4%.
En ese contexto, se inicia una maratón de protestas que irá escalando hasta concluir con un paro general el 29M, decretado este martes en Consejo Directivo por la CGT, -que el gobierno no pudo evitar- y al que adherirán todos los sectores, incluido el Transporte, garantía del éxito y contundencia de la medida.
Un paro que además, tiene como fecha elegida el día en el que se cumple el 50 aniversario del Cordobazo, fecha por demás simbólica, que no se redujo a la exigencia de un cogobierno en las universidades, sino que fue mucho más allá y dio el puntapié inicial en la movilidad social de la Argentina y en la lucha de los trabajadores por sus derechos salariales.
Un “Cordobazo” que volvió a ser tal el domingo pasado, cuando desde el seno de la sociedad dijeron basta a un modelo de gobierno nacional, -que ellos mismos alentaron en el 2015- y le asestaron un golpe mortal, con un triunfo arrasador del gobernador Juan Schiaretti, del Justicialismo, partido que se quedó también con la jefatura de la capital de la provincia luego de 46 años de gobierno radical.
Así, el modelo de especulación financiera del gobierno de Mauricio Macri ha ido de lleno contra la producción nacional, el consumo y el consecuente aumento del desempleo; sumado a una economía marcada por una espiral inflacionaria sin control, con un aumento de precios de la canasta básica, de las tarifas y de los servicios públicos imposible de solventar con los magros aumentos salariales.
Estas políticas tienen “acorralados” a los sectores más vulnerables, donde los indicadores oficiales marcan un enorme crecimiento de la marginalidad y la pobreza; pero también a la clase media, agobiada por los precios de los alquileres, los servicios de salud, de educación y el temor a perder el trabajo, haberlo perdido, al cierre de su comercio o de su PyMe.
