En momentos de fuerte crisis laboral en la Argentina, las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales como Rappi, Uber o Glovo, parecen ser una salida para generar un ingreso, sobre todo para extranjeros. Sin embargo, el empleo es precario, en el cual no existen derechos básicos, y tal como lo demuestra un documento hecho por CIPPEC, BID Lab y la OIT solo la mitad de los dependientes aportó al sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, la Ley del Contrato de Trabajo parece desvanecerse ante los empleados que deben incrementar su ganancia gracias a la cantidad de tiempo y trabajo que le dan a la actividad, como es el caso de aplicaciones digitales de transporte privado de pasajeros (Uber) o delivery (Rappi). Para los empleadores, se reducen costos laborales, se incrementan ganancias además de que se modifican las relaciones laborales, en medio de una volatilidad genérica. Lógicamente, se requieren leyes laborales que estén a la altura de los desafíos que existen.
Los trabajadores son conscientes de esta situación, sobre todo tras la muerte de un joven repartidor de PedidosYa este año, y ya realizaron manifestaciones frente al Poder Judicial, para reclamar la «regularización» de su situación laboral y «seguridad en las calles». El juez porteño Andrés Gallardo tomó nota de la situación y ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que «prohibiera en forma inmediata» el funcionamiento de esas compañías en la Ciudad hasta que «acrediten judicialmente la adecuación a los requisitos legales estipulados por el Código de Tránsito y Transporte local». Sin embargo, el Ejecutivo apeló la medida.
Trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa en plan de lucha contra la precarización
Es más: el magistrado fue recusado por la secretaría de Transporte de la Ciudad, que lidera Juan Méndez, por «la falta de imparcialidad evidenciada en el tratamiento de la causa». «Efectúa juicios de valor acerca de los hechos debatidos en los autos principales, que evidencian la imposibilidad de efectuar un análisis equilibrado y equidistante de la cuestión sometida a su análisis, lo cual obliga a mi mandante a recusar nuevamente al magistrado», se agrega en los fundamentos del documento que pidió su recusación.
