Pasado un mes de Aislamiento Social Obligatorio, el trabajo se sostiene -pese a la complicada situación- gracias a la reducción de salarios, así lo señala el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que encuentra, al momento, en ese resultado el efecto más generalizado del primer mes de confinamiento.
Hasta el mes de marzo de este año, había unos diez mil trabajadores con problemas en sus sueldos, que en gran parte consistían en atrasos en los pagos. Al 15 de abril, dos semanas después, el número de empleados que sufrieron reducciones en sus salarios se multiplicó 29 veces y ya supera los 287 mil casos.
Desde que se inició la cuarentena se registraron 5.386 despidos y 7.223 suspensiones. Pero casi el 50% de los despidos fueron encabezados sólo por dos grandes empresas de primera línea: el grupo Techint, que dejó a 1450 trabajadores en la calle y Mirgor, que hizo lo mismo con 700 de sus trabajadores.
Así entonces la reducción salarial es el principal cambio en materia laboral de éste período: y son 231.483 trabajadores que pasaron a cobrar menos en bajas acordadas entre las patronales y los gremios, por otra parte, hubo 50.034 casos de bajas de sueldos sin acuerdo. Se agregan 8.480 casos de suspensiones con rebaja salarial y 3.070 casos de atrasos en los pagos. En total, 297.063 trabajadores tuvieron rebajas en sus sueldos.
Los trabajadores petroleros, merecen un capítulo aparte, en medio de ésta crisis global inédita, donde el “oro negro” tiene un valor “cero” en el mundo y que sus efectos en Argentina, hacen pender de un hilo 60 mil puestos de trabajo, que de momento, también integran la amplia franja de las reducciones salariales, que según el acuerdo gremial que alcanzaron, son rebajas que van desde el 30 al 70% de su salario.
De todos modos hay que preguntarse qué es lo que lleva a que ésta situación crítica del empleo no se haya traducido aún en despidos masivos. La respuesta es un rol más activo de los gremios que han intervenido rápidamente y una batería de medidas de protección al trabajo que arrancó con el decreto de Necesidad y Urgencia que, desde el 1 de abril, prohibió los despidos por 60 días, y se ha ido complementado con otras políticas de acompañamiento estatal para atravesar ésta tormenta.
La última y más potente fue el anuncio del pago del 50% de los salarios de los trabajadores de las compañías que demuestren una sensible caída de las ventas, la aprobación de créditos para el pago de sueldos por $150 mil millones (unos cinco millones de trabajadores) y habilitó créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos.
Por otra parte pagará unos 8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) para aquellos trabajadores de la Economía informal y unos 130.000 seguros de desempleo que ascenderán de 6.000 a 10.000 pesos. Según el trabajo de campo realizado por el CEMA, si a ello agregamos el empleo público, “se ve una cobertura muy extendida, de casi todo el universo de la población económicamente activa”.
Medidas que si bien, han presentado falencias en su aplicación, intentan reinventarse día a día con ampliaciones y nuevos decretos modificatorios que corrigen errores en las reglamentaciones o incluyen nuevos beneficiarios hasta ahora “olvidados”.
El análisis da cuenta del empleo registrado, que es sólo una parte de una realidad laboral muy heterogénea. Muchos casos, como los de empresas unipersonales o familiares no registradas quedan por fuera de las estadísticas.
