El pasado 4 de agosto la Dirección General de Trabajo reconoció oficialmente a un nuevo sindicato de trabajadoras sexuales, dando lugar a un escándalo político en el Estado Español. Este jueves pasado la secretaria del Trabajo de España, Magdalena Valerio, se pronunció en contra de la decisión, confirmó que pedirá explicaciones a la dependencia por la aprobación del nuevo gremio y anticipó que desde el Gobierno se buscará impugnar la decisión. Por su parte, la CGT catalana defendió la iniciativa. En nuestro país, AMMAR se encuentra encuadrada desde 1995 en la CTA.
La publicación hace casi un mes en Boletín Oficial de Estado (BOE) de la resolución que reconoce a la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) viene generando fuertes polémicas en España. La titular de la Secretaría de Trabajo consideró “una sorpresa” la aprobación y explicó que la reglamentación sería contraria a la ley ya que “la prostitución no es legal en España”. En ese sentido, explicó que no va a “admitir” que bajo el “subterfugio” de un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo se legalice la prostitución. Respecto de la aprobación de la Dirección General del Trabajo, bajo su órbita, consideró que por no contener errores de forma se trató como mero acto administrativo pero sostuvo que sí habría errores de fondo que harían inadmisible la existencia de tal gremio en un gobierno que se define como “feminista y que tiene como eje central de sus políticas la igualdad entre hombres y mujeres”. Por esto se han iniciado los trámites ante la Abogacía del Estado para buscar la forma de impugnar al nuevo gremio.
A fines de esta semana, la CGT catalana (Confederació General del Treball, anarcosindicalista), manifestó su apoyo a OTRAS con un comunicado en el que se explica que “desde hace años, las trabajadoras sexuales participan activamente en colectivos feministas y movimientos sociales, reclamando que se les reconozcan sus derechos como trabajadoras. Unos derechos que les permitirán dejar de estar invisibilizadas y de ser criminalizadas por su trabajo”. Luego de denunciar que la opción del Gobierno es perseguir a las trabajadoras sexuales y no a los empresarios y denunciar las intenciones de impugnación, explican que “la regulación del trabajo sexual, con el reconocimiento de derechos laborales de las trabajadoras permitirá, por ejemplo, no tener que seguir subsistiendo en la economía sumergida, pagar precios abusivos para poder tener un puesto de trabajo y reducir las agresiones institucionales que sufren a diario”.
En nuestro país la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) surgió como sindicato de trabajadoras sexuales en 1994 y al año siguiente se sumó a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Hoy cuenta con representación en más de diez provincias. En 1997, gracias a los contactos con organizaciones similares a nivel regional, fue parte de la fundación de la Red de Trabajadores Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.
La organización, que hoy se manifiesta a favor de la despenalización del aborto, contribuyó a la derogación de los edictos policiales y al fin de la penalización de la prostitución callejera en la Ciudad de Buenos Aires (aunque en 1999 la reforma del artículo 71 del Código Contravencional volvió a sancionar la oferta de sexo en la vía pública en ciertos casos).
A nivel nacional, AMMAR contribuyó a la derogación de artículos contravencionales contra las prostitución callejera en varias provincias: en 2003 en Entre Ríos, en 2008 en Santiago del Estero, en 2010 en Santa Fe. El pasado 11 de julio el Senado de la Provincia de Buenos Aires derogó el Artículo 68 del Código Contravencional que venía de la dictadura y habilitaba multas y arresto hacia las Trabajadora Sexuales, lo que se considera un avance contra los constantes abusos policiales. Sin embargo, edictos similares continúan vigentes en 17 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
