Julio Piumato, secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), se encadenó durante 13 horas en una comisaría del barrio de Floresta hasta conseguir que fuera liberada una abogada adherente al gremio, que había sido detenida durante una discusión automovilística.
Vanesa Maida Bertelegni, quien cumple funciones en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, había sido detenida este miércoles durante una discusión con una automovilista en el cruce de las calles Fernández de Enciso y Asunción, en Villa Devoto. Según denunció el gremialistas, el enfrentamiento se produjo luego de que la mujer estacionara su auto sobre una rampa para discapacitados por la que Bertelegni debía hacer pasar a su madre en silla de ruedas, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento que obligó a la policía a intervenir.
Según la Policía, como la automovilista de 66 añosresultó herida por la funcionaria judicial debió ser atendida por el SAME, presentando hematomas en varios lugares del cuerpo, pero la versión de Piumato descartaba la existencia de golpes por parte de Bertelegni.
Como forma de protesta, para “visibilizar una situación que hubiese quedado en la impunidad más absoluta”, el sindicalista se encadenó al pasamanos de la escalera de la comisaría, donde permaneció durante 13 horas acompañado por una treintena de integrantes del gremio, hasta conseguir la liberación de la acusada.
“Es un disparate, no hay el más mínimo respeto por los derechos humanos. No se puede privar de la libertad a una persona sin antecedentes ni nada. Es un incidente callejero, no se justifica por algo menor que a una persona la tengan detenida 24 horas en un calabozo”, denunció Piumato. Y añadió: “Quien tiene ser procesado es el fiscal, por encarcelar y violar los derechos humanos de dos personas, el de Vanesa y el de su mamá discapacitada”.
Ya en horas de la mañana de este jueves, el Fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Néstor Maragliano (a cargo de la Fiscalía 25) le atribuyó los hechos e imputó a la acusada, para luego proceder a su liberación, con una medida restrictiva de contacto con la presunta víctima. Según el Código Procesal Penal de la Ciudad, los detenidos en flagrancia no pueden ser liberados inmediatamente en sede policial, debiendo comparecer ante el fiscal quien cuenta con 24 horas desde el momento de la detención para resolver su situación.
“Si esto se hizo con una funcionaria judicial, que tenía respaldo, qué puede pasar con un ciudadano común que pasa uno o dos días preso”, concluyó el dirigente al abandonar la comisaría, luego de la liberación de Bertelegni.
