El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno se posicionó en la polémica que generó la llegada de un remolcador proveniente de Europa para reemplazar trabajo argentino. “Se trata de una violación a la Ley de Cabotaje”, sostuvo. Y agregó que detrás de esta situación “existe un negocio de Millones de dólares con la petrolera Oiltanking”. Se trata de una embarcación de ´ALP Striker’, con bandera de Países Bajos, que zarpó desde el Puerto de Las Palmas, de España el 16 de febrero, antes de la presentación de excepción de cabotaje realizada
el 21 del mismo mes.
En este sentido, Moreno concluyó que “Nadie solicita un remolcador del otro lado del Océano si no tiene las garantías de que va a trabajar”.
De esta manera, en pocos días, el Supply llegará al Puerto de Rosales (Bahía Blanca) a pedido de la firma Oiltanking Ebytem para recuperar la operatividad de la monoboya Punta Ancla que abastece, por una cañería submarina de 2.000 metros de longitud, a la planta de 18 tanques desde la cual se bombea el crudo hacia las refinerías instaladas en La Plata, donde se lo industrializa.
El trabajo se enmarca dentro de la Ley 19.492 (Ley de cabotaje), que establece en su Artículo 1 que “la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos”. La empresa presentó un pedido de exención de cabotaje (waiver) con especificaciones técnicas que dejan afuera a una Grúa argentina que ya realizó estos trabajos.
Esta maniobra para el titular del gremio de la actividad, se trata de “un engaño millonario que deja afuera a empresas y trabajadores argentinos” y que “sin dudas es un puntapié para reemplazar el trabajo local”. “Si el gobierno habilita la exención por cuestiones
técnicas, queremos un seguimiento que demuestre la imposibilidad de usar el servicio de bandera nacional a través de la grúa Magnus IX”, solicitó Moreno.
