En las horas previas a la movilización por el aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, a la que convocan múltiples organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, el Gobierno nacional profundiza su política de amenazas e intimidaciones para intentar menguar la participación en la protesta. Previamente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich alertó sobre la puesta en vigencia de un muy “protocolo antipiquetes”, cuestionado como inconstitucional, y la titular de Capital Humano Sandra Pettovello amenazó a los beneficiarios de planes sociales con quitarles el beneficio si se sumaban a las manifestaciones.
En el marco de un impactante despliegue policial en los accesos a la ciudad, con el puente Pueyrredón militarizado y controles vehiculares en todas las entradas (durante el que se secuestraron vehículos que presuntamente iban para la movilización y se realizaron controles sobre pasajeros de colectivos), también se vio una fuerte presencia policial en las estaciones de trenes, con avisos en carteles y por altoparlantes remarcando que “El que corta, no cobra”. El objetivo oficial, más allá de las críticas a la política de identificación y la posible inconstitucionalidad de las medidas anunciadas por Bullrich y Pettovello, apunta a la intimidación para restar masividad a la protesta.
La CGT y las dos CTA denunciaron el protocolo antipiquetes ante la OIT y Naciones Unidas
En el mismo sentido, durante la conferencia de prensa de la mañana de este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni cargó contra una de las principales organizaciones convocantes, afirmando que el Polo Obrero “maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades”. Y agregó, en relación a la línea que el Gobierno puso a disposición para realizar denuncias contra las organizaciones que gestionan los planes sociales: “Hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134 y el protocolo se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad”.
“La ministra de Capital Humano anunció cuál va a ser la metodología que resumo en la frase: ‘el que corta, no cobra’. También, priorizar las ayudas que son de asignación directa y donde no hay intermediarios, como la AUH”, añadió Adorni.
Por parte de las organizaciones convocantes a la movilización, que iría desde Congreso a Plaza de Mayo, se ratificó el carácter “pacífico” de la actividad, se cuestionaron las amenazas e intimidaciones del oficialismo y se instó a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que “ante cualquier hecho represivo que ocurriese mañana (por hoy) llame a un paro nacional activo”.
