El juez federal Julián Ercolini ordenó, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, nuevos allanamientos a la empresa Vicentin con el objetivo de acceder a la información financiera de la compañía y comprobar o no si existió fuga de capitales o divisas.
Estos allanamientos se dan en el marco de la causa en la que se investiga al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, así como a otros ex funcionarios macristas, junto a los empresarios de la cerealera, a raíz de la sospecha de defraudación al Estado.
De acuerdo al fiscal del expediente, hubo maniobras delictivas que posibilitaron que la empresa haya acumulado una deuda de 18.500 millones de pesos. Incluso, los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que «funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria».
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Por ello, otorgaron «irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin y Algodonera Avellaneda, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».
Según la Justicia, las «constancias recolectadas posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el Banco Nación pudiera hacerlo».
