La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley el proyecto de Teletrabajo, que busca regular las actividades laborales a distancia, tan comunes en este aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del Coronavirus.
La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro,
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— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 30, 2020
Este proyecto establece la desconexión digital, la voluntariedad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la provisión de elementos de trabajo, la compensación de gastos y la reversibilidad, el punto más cuestionado por el sector empleador, que pretende que esa reversibilidad “sea acordada”.
Las empresas que desarrollen el teletrabajo deberán registrarse en el Ministerio de Trabajo, “acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.
Para el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara alta, el oficialista Daniel Lovera (La Pampa), el texto impone “pautas fundamentales para salvaguardar” empleos y la salud, “y permite al mismo tiempo que los convenios colectivos puedan ampliar derechos de acuerdo a la actividad”.
Lovera reconoció que la ley en cuestión “no busca promover el teletrabajo” pero que “no pone trabas” en el desarrollo de las actividades laborales remotas, algo que tomó dimensión en esta cuarentena. “Si no regulamos, ocurren excesos”, manifestó el legislador, y apuntó a los trabajadores que no forman parte de la mano de obra especializada y más familiarizada con este sistema.
La oposición, a través de la integrante de Juntos por el Cambio Gladys González, argumentó que con este proyecto los “jóvenes están perdiendo una oportunidad”. Además, señaló que es “incomprensible que frente a la crisis se mire para otro lado y se destruya el potencial” que tiene la ley que terminó sancionada.
A igual que el sector privado, González reclamó en modificar el criterio de reversibilidad -pidió, al menos, contar con un preaviso de 30 días- y flexibilizar el derecho a la desconexión por comunicaciones usuales en empleos por fuera de la jornada laboral.
