Pese a que están prohibidas las manifestaciones debido al aislamiento social obligatorio, este domingo, alrededor de 1500 autos y unas 3000 personas participaron de una marcha autoconvocada en la que hubo ruido, bocinazos y gritos de apoyo a los profesionales de la salud que decidieron manifestarse contra las imputaciones judiciales a dos médicos a quienes se acusó de ser responsables de propagar el virus en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, donde hubo 56 contagios y 11 muertes.
Desde los autos se veían leyendas en las que rezaba: «Ni héroes ni asesinos, somos médicos» y al mismo tiempo exigían fin a los malos tratos que según confirman reciben por éstas horas pese a que muchos intentan reconocerles su denodado trabajo en la pandemia.
Pero la situación de Córdoba fue el epicentro de un tema nacional. Ya la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se había pronunciado frente a las denuncias a profesionales de la salud en varias provincias. “Somos víctimas, no victimarios. Basta de culpar a los trabajadores de salud”, manifestaron las autoridades de la entidad.
Los motivos de esta compleja situación son “el pluriempleo, los bajos salarios, el desgaste laboral, la precarización, la falta de Equipos de Protección Personal y de testeos amplios” denunciaron los representantes gremiales.
Aunque parece inverosímil “con más de 1.100 enfermos y 10 fallecidos, los trabajadores de la salud estamos sufriendo con intensidad el impacto de la pandemia”. Así se entendió desde algunos sectores y los legisladores nacionales, el pasado jueves dieron sanción definitiva a la Ley Silvio, de protección al personal de salud, al tiempo que desde el Ministerio que conduce Ginés González García, también promueven el Plan Nacional de protección del trabajador de la salud y su familia”, apuntó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación.
La contracara del reconocimiento social que la sociedad expresa desde sus balcones cada día a las nueve de la noche, es que “hay funcionarios ejecutivos y judiciales que consideran a los trabajadores sanitarios como extraterrestres y los acusan de enfermarse y transmitir la enfermedad”, agregó Boriotti.
La UTS-Fesprosa (Unidad Fiscal para Emergencia Sanitaria, creada para atender las causas judiciales que se relacionen a la epidemia de coronavirus), denunció la imputación al médico Lucas Figueroa, que se desempeñaba en la residencia geriátrica Santa Lucía de Saldán, el caso que motivó la protesta en Córdoba. “Se lo acusa del delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, que tiene penas de hasta 15 años de prisión”, lo que es un hecho gravísimo, insisten desde Fesprosa.
“En vez de investigar a las empresas que lucran con la salud de los adultos mayores y hacen negocios con el PAMI, van contra los trabajadores y trabajadoras”. Creemos correcto que se investigue de manera independiente sin buscar chivos expiatorios”, manifestó la UTS.
De manera similar se expresó ASPROSA-Fesprosa San Juan: “ la semana pasada detuvieron a la Dra. Rosa Contrera, infectóloga del hospital Marcial Quiroga y al Dr. Javier Porras, por estar supuestamente implicados en el traslado del tercer paciente Covid positivo en la provincia”.
Así, esta semana, frente al incremento de los contagios, desde la entidad gremial iniciarán una nueva etapa de lucha. En todo el país habrá manifestaciones exigiendo apertura de paritarias, cobro inmediato del bono estímulo, equipos de protección personal y testeos amplios, puesta en marcha del Plan de Protección Nacional de los trabajadores de la salud y cese de persecución a los trabajadores sanitarios.
