Movimientos sociales denuncian la eliminación del Potenciar Trabajo como «una condena a morir de hambre»

En las últimas horas el Gobierno nacional decidió no sólo desvincular el plan Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) sino directamente eliminarlo por decreto, reemplazándolo por otros dos programas: el «Programa de Acompañamiento Social», que apunta a 400 mil beneficiarios mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos, que próximamente podrían perder ese mismo beneficio, y “Volver al Trabajo», que se proponer acoger al 75% del padrón del actual Potenciar Trabajo. Las organizaciones sociales denuncian que tras el discurso de “eliminar la intermediación”, la intención oficial es dejar a miles de cooperativistas sin apoyo oficial alguno.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunciaron que las modificaciones anunciadas “representan una avanzada más contra los pocos derechos que nos quedan a los trabajadores de las cooperativas que desarrollamos trabajos en los más de 6.467 barrios populares, villas y asentamientos que existen en el país”. En relación con el programa de “Acompañamiento social”, definido como “temporal”, denunciaron que “en un par de meses pretende dejar a 400 mil personas sin trabajo y sin ningún tipo de ayuda”, lo que “lisa y llanamente es una condena a morir de hambre».

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Al respecto, remarcaron que el número al que apunta este plan “no es casual”, recordando que abril de 2023 el Fondo Monetario Internacional (FMI) “emitió una misiva en la que destacaba los ajustes realizados por la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz” y planteando que “400 mil planes se caerían producto del ingreso al mercado laboral”. Hoy estos planes quedarían a cargo de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano del Gobierno de Javier Milei.

En cuanto al otro programa, “Volver al Trabajo», que promete albergar al 75% del padrón del Potenciar Trabajo, sostuvieron que “tiene el objetivo de desestructurar las miles de experiencias cooperativas que venimos desarrollando en los territorios en más de dos décadas de existencia” y recordaron que esas cooperativas “fueron vitales durante la pandemia cuando el Estado no llegaba a atender las urgencias de millones de personas”.

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Contra el discurso oficial que sostiene que el objetivo es avanzar con un plan de “empalme” para convertir los planes sociales en trabajo formal, explicaron que los proyectos en este sentido “vienen fracasando hace más de veinte años” porque no es cierto que “con una simple capacitación, los empresarios saldrán a contratar trabajadores”, especialmente en un contexto de aumento del desempleo como el que está generando la brutal recesión actual, con miles de despidos en distintos rubros y acelerado cierre de empresas.

“Lo que está de fondo y lo que realmente se busca es desarmar el trabajo organizado en cada uno de los barrios, dinamitar la organización popular construida por años. No hay otro objetivo detrás de esta iniciativa. Somos quienes ante la desidia de los distintos gobiernos hemos levantado comedores comunitarios, cuadrillas de salud, género, mantenimiento de espacios públicos, jardines populares o espacios productivos de diferentes rubros (carpintería, herrería, obras, panadería, etc). Nos plantean que “el problema son los intermediarios”, pero cuando les proponemos la universalización de todos los planes sociales para evitar la discrecionalidad miran para otro lado, porque en definitiva no les interesa la situación de quienes peor la estamos pasando. Persiguen sus intereses, los intereses de casta que tanto critican por las redes sociales”, concluyeron.

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Tras denunciar que esto constituye una “avanzada general hacia toda la clase trabajadora“, que previamente tuvo momentos como la fallida ley ómnibus y el DNU 70, desde el FOL denunciaron también el simultáneo “desmantelamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), por el cual se garantizaba el mejoramiento de servicios en los 6.467 barrios populares”. Y concluyeron: “La crueldad del gobierno nacional no tiene límite. Pretende dejar en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras en el marco de uno de los más feroces ajustes realizados en la historia de este país”.