El traspaso de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur al ámbito de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires actualizó una polémica de años por deudas cruzadas con el Estado Nacional. Los montos reclamados involucran una suma que llegaría a los 50 mil millones de pesos.
Esta cifra se compondría por multas impagas impuestas por Nación a las distribuidoras y el supuesto atraso en los ingresos de Edenor y Edesur por el congelamiento de tarifas durante el kirchnerismo.
En los últimos días se sucedieron reuniones y negociaciones para destrabar el conflicto y avanzar con el traspaso efectivo a las jurisdicciones de ciudad y provincia. Tanto el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal firmaron en febrero su acuerdo para avanzar con el proceso, acatando las directivas del presidente Mauricio Macri deliberar al Estado nacional de las cuestiones vinculadas con políticas tarifarias y control de ambas concesiones.
Como parte del acuerdo, se acordó crear un organismo bipartito para reemplazar al actual Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que era el encargado de monitorear la gestión de Edesur y Edenor, sus planes de inversión y de aplicar las normativas vinculadas del sector. El nuevo organismo será el Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE) y sólo tendrá jurisdicción en el área de la distribución eléctrica (quedando el resto de los aspectos bajo la órbita del ENRE).
El primer desafío del nuevo organismo apunta a encontrar solución al dilema de las deudas cruzadas para evitar que el tema se judicialice. Una de las distribuidoras advirtió que cualquier acuerdo debe incluir el reconocimiento por parte del Estado nacional del incumplimiento del acuerdo de revisión tarifaria en 2006, en el inicio del congelamiento tarifario que denuncian como fuente de deterioro financiero.
Una solución posible pasaría por negociar el reconocimiento de esa deuda a cambio de mayores compromisos de inversión en infraestructura y mejoramiento del servicio en las zonas de concesión. También podría lograrse que el Estado condone las deudas millonarias que las distribuidoras acumularon por las fuertes multas aplicadas durante el kircherismo, que nunca fueron pagadas. Se estima que sólo en este ítem, las distribuidoras acumulan una deuda que supera los 42 mil millones de pesos.
