En las últimas horas empresas de medicina prepaga, sanatorios, clínicas y otros prestadores de salud privados manifestaron su preocupación respecto de un supuesto plan del Gobierno nacional para “estatizar” este sector, apuntando a una integración plena con el sistema de salud público y las obras sociales sindicales. También anticiparon que a partir de este jueves recurrirán a la Justicia para que les autorice un nuevo aumento en las cuotas mensuales para la medicina prepaga.
En conferencia de prensa, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) Claudio Belocopitt planteó que el Gobierno reconoce técnicamente el desfasaje inmanejable del sector pero así y todo no cumple con la ley que establece un ajuste de las tarifas de las prepagas en relación con el incremento de los costos, hecho que vinculó a la supuesta intención oficial de “estatizar” el sistema privado de salud.
El debate en torno a la importancia de integrar los tres sistemas de salud del país, que volvió al centro del debate después de que hace algunos días lo planteara la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto en provincia de Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof. Sus planteos fueron retomados por la ministra de Salud Carla Vizzotti, quien ratificó la necesidad de “unificar el sistema de salud”, y por el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, que explicó que la idea es “establecer una lista de problemas y ver cuáles se pueden resolver coordinadamente”.
Las empresas de la salud privada anticiparon que podrían presentarse también al Congreso de la Nación para exigir una aclaración en este sentido. Al respecto, el presidente de UAS manifestó: “Solicitaremos al Congreso de la Nación que, al igual que procedió con los laboratorios, se nos convoque a los efectos de que podamos explicar la gravedad de la situación y que, además, se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen por qué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia”.
Belocopitt agregó: “La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso y se debate de cara a la sociedad, como se hizo con las AFJP. Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero lo desfinanciaría, lo pondría de rodillas y sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos, diría que se sería necesario estatizar bajo el argumento de que el sistema no puede cumplir con sus obligaciones”.
Por otro lado, aseguró que el sistema de salud privado “no está en condiciones de seguir funcionando”, anticipando la presentación judicial realizada este jueves para pedir una “medida cautelar autónoma” que les habilite un aumento urgente del 9,77% en sus cuotas. La presentación judicial, con la firma de 15 empresas (incluyendo a OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint y Hospital Italiano), se radicó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
La cifra reclamada deriva de la suma del 3,59% “que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado por los cuadros técnicos de la Superintendencia de Servicios de Salud” y otro 6,18% derivado del “mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión)”. “Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles”, concluyeron voceros del sector.
