Con el objetivo de reactivar el consumo en un fin de año fuertemente golpeado por la recesión, varias provincias asumieron el pago de un bono de fin de año para sus trabajadores estatales, jubilados y beneficiarios de planes sociales.
El último de los mandatarios provinciales en sumarse a la iniciativa fue el gobernador correntino Gustavo Valdés (ECO-Cambiemos) también confirmó sus intenciones de pagar un bono de fin de año de 6.000 para estatales y jubilados, que se acreditará en dos veces (en diciembre y enero).
El mandatario correntino explicó: “A lo largo de diciembre estaremos volcando 4.160 millones de pesos a los ingresos de los correntinos, porque entendemos que tiene un efecto dinamizador de nuestra economía”. Y confirmó que ese total incluye salarios, el bono y los plus extraordinarios que paga mensualmente la provincia para activos y pasivos.
Además de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que ya confirmó su intención de pagar un plus de 7 mil pesos a los estatales y de 3500 a jubilados provinciales, también confirmaron el bono de fin de año el jujeño Gerardo Morales(UCR-Cambiemos), los peronistas Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Juan Schiaretti (Córdoba), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Casas (La Rioja), además de algunos pertenecientes a fuerzas provinciales como el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck y el misionero Hugo Passalacqua.
Otras provincias, como el caso de Tucumán, apostaron a la recomposición por la vía del pago de una cláusula gatillo y no de un bono de fin de año. El gobernador Juan Manzur explicó: “Hasta los primeros días de enero, el Gobierno de la provincia va a pagar a sus trabajadores $11.800 millones”. El ministro de Gobierno de la provincia, Regino Amado, detalló: “Esto beneficia al trabajador y al comercio, que la está pasando mal por la recesión. Hemos visto en los índices nacionales que noviembre fue el mes de mayor baja en el consumo”.
Provincias como Mendoza, San Juan, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz aplicarían la misma estrategia que Tucumán, en vez de optar por el pago del bono.