Por Gustavo Franco (EDA Rosario)
En el marco de una sesión tensa, el Concejo Municipal de Rosario declaro por Ordenanza, el jueves pasado, la “emergencia social”. La deliberación fue acompañada por decenas de organizaciones sociales que coparon las gradas del recinto con ruidosas manifestaciones en contra de las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno Nacional.
El blanco local de dicha disconformidad fue el Concejal Rodrigo López Molina, aspirante a la Intendencia en las elecciones del próximo año y contra él se dirigieron duras manifestaciones desde las plateas, ello hasta que el presidente de cuerpo, que también pertenece a las filas del PRO, Alejandro Rosello decidió que se desalojara la sala y los representantes de los sectores más afectados por la devaluación, inflación, ajustes, recortes y tarifazos tuvieron que seguir las instancias de la deliberación y esperar el resultado en la calle.
Las mismas agrupaciones habían impulsado el proyecto de declaración de “emergencia alimentaria” a mediados de 2016, cuando ya comenzaban a sentir en carne propia las consecuencias que el rumbo económico fijado por el gobierno les deparaba. Hace unas semanas y con el agravamiento de la situación económica en la región del Gran Rosario devinieron los despidos en masa, las suspensiones, cierre de industrias y comercios que dejaron a los ahora ex trabajadores a merced de los sistemas de asistencia social.
La Salud Pública, los comedores infantiles, la formación de asentamientos informales, comenzaron a dibujar un panorama por demás sombrío que determinó un agrupamiento de la oposición y el proyecto contó entonces con el apoyo del peronismo en sus diversas expresiones, el frente progresista, radicales y las filas de “Ciudad “Futura.
El Pro observó esto como una posible derrota política y decidió contraatacar públicamente con la mira puesta en la fibra más sensible de la gestión socialista: la inseguridad. Así se monto una estrategia de suplantación de prioridades y desde Cambiemos comenzaron a reclamar la Declaración de “emergencia en seguridad”. Este proceso contó con el aporte de la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que se hizo presente en la castigada zona sur de Rosario, visitando un club de fútbol infantil que días antes había quedado en medio de las balas cruzadas entre bandas en disputa.
La estrategia no funcionó, y la Declaración de Emergencia Social fue sancionada por unanimidad, Cambiemos debió acompañar la iniciativa aunque “con dudas y reservas” según lo manifestó el propio López Molina.
Tal vez no sean demasiadas las herramientas que pueda esgrimir un gobierno municipal para atemperar las consecuencias de la crisis, pero es un llamado de atención, una seria advertencia de que las cosas empiezan a circular por un camino tan sombrío como conocido en esta región. Por lo pronto se podrán disponer de partidas y facilidades administrativas en trámites destinados a la asistencia social. Nadie lo menciona abiertamente pero sobrevuela la necesidad de realizar un pronóstico ampliado y prever las consecuencias que puede acarrear un fin de año en este contexto.
