El Gobierno trabajó en las últimas semanas para resolver varios puntos de una larga lista de pedidos que figuran en la agenda sindical, particularmente la de la CGT, por la cercanía particular que tiene con la gestión Fernández. Una de ellas fue el decreto que frena el traspaso de las obras sociales durante el primer año de iniciado el vínculo laboral.
Se trata de una medida reclamada desde hace tiempo por los principales referentes de Azopardo, y fue uno de los guiños que el oficialismo mandó los últimos días a los jefes del sindicalismo, como fueron en su momento: la prohibición de los despidos, la doble indemnización o la reapertura de las paritarias anticipadas.
Es toda una batería de medidas para contener al sector. Pero lo cierto es que nada resulta suficiente mientras los precios licúan los salarios, y los índices mensuales no bajan de tres puntos.
También la suba del salario mínimo fue otras señal, y el adelantamiento de cinco meses del aumento del 35%, que ahora será en tres cuotas y terminará de ajustarse en septiembre. Ese mes se abrirá una nueva instancia de negociación, con la posibilidad de que haya un incremento adicional.
Esto implica también un ajuste de planes sociales que viene de la mano del salario mínimo por ser una referencia para los trabajadores informales, lo que impactará sobre un millón de personas que reciben el Potenciar Trabajo, el programa oficial que equivale a medio salario mínimo.
El anuncio de un nuevo bono a jubilados pega muy de cerca y también el anuncio de la jubilación de las mujeres sin aportes por tarea de cuidados. Todo hace a la búsqueda de la paz social, necesaria en éstos tiempos de malaria económica y de una pandemia que continúa amenazante y bajo un dato que jamás nadie quiso confirmar: los cien mil muertos.
También existe una demanda por parte de la legisladora, María Rosa Martínez, integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores quien en la misma dirección que la aprobación del cupo laboral trans, ahora cree que es necesario “girar en torno a la seguridad previsional para que la comunidad travesti trans tenga la posibilidad de acceso a la jubilación a partir de los 40 años” para lo cual «ya se está trabajando desde la Cámara y también se está conversando con la Anses”, según expresó a los medios, mientras se espera el guiño definitivo de la administración nacional.
Paralelamente, el Gobierno busca que haya más pesos en la calle para reactivar el consumo y a su vez contener el malhumor social y por eso se están reabriendo legítimamente todas las paritarias que habían alcanzado acuerdos en torno al 29% de inflación –lo que fue presupuestado oficialmente- y que quedaron completamente desactualizados.
La pregunta es si alcanza todo esto y si se podrá dar contención a lo que será una multitudinaria marcha prevista para el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, en la que los sindicatos de la CGT y organizaciones sociales enroladas en la UTEP -también sindicalizada- se movilizarán con eje en el trabajo y la producción.
Ese anticipo de unas 150.000 personas trasladándose de Liniers hacia Plaza de Mayo en medio de la pandemia, es una foto que el Gobierno quisiera evitar, pues hasta el momento, las calles están «cargadas», pero principalmente por movimientos de izquierda y grupos no afines al Gobierno.
Para ello, uno de los «ases» en la manga que tendría el Gobierno, sería efectivizar el Salario Básico Universal, algo de lo que viene hablando el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y una de las principales demandas de los movimientos sociales cayetanos que se fusionaron –entre el Evita y Barrios de Pie-, justamente para dar más solidez a sus demandas, que en un contexto de campaña pueden ser menos desoídas y más rápidamente efectivizadas, pese a los ajustes de Guzmán que en el otro hombro lleva una pesada negociación con el Fondo Monetario Internacional.
