La Superintendencia de Seguros de Salud declaró a cuatro obras sociales «en situación de crisis»

Después de realizar un diagnóstico institucional y financiero, este miércoles la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en “situación de crisis” a cuatro obras sociales, solicitándoles un plan de contingencia para asegurar la cobertura de sus afiliados, que deberán presentar en un plazo de 15 días.

La decisión fue oficializada por medio de la publicación de las resoluciones 1167/2022, 1168/2022, 1169/2022 y 1170/2022 en el Boletín Oficial. Las obras sociales en “situación de crisis” son la Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas, la Obra Social Cabot Argentina, la Obra Social para Directivos, Técnicos y Empleados John Deere Argentina y la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola. Esta situación crítica da cuenta de una dificultas más general de las obra sociales, sobre todo las vinculadas a los distintos sindicatos, que vienen reclamando que tras el impacto de la pandemia las cápitas de sus afiliados ya no son suficientes para garantizar su operatividad normal.

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Según las regulaciones actuales, un agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud puede ser definido como “en situación de crisis” cuando después del correspondiente diagnóstico trimestral se detecte una existencia de una serie de riesgos que alteren el normal suministro de las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), sean aspectos institucionales, prestacionales o de atención al beneficiario, así como cuando se detecte riesgo de continuidad o dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

La normativa aplicada por la SSS garantiza la continuidad de las prestaciones para los beneficiarios, eliminando automáticamente las restricciones a su libertad de elección o distribuyéndolos en otras obras sociales, previa notificación. El plan de contingencia que las cuatro obras sociales deberán presentar en los próximos 15 días debe incluir metas de cumplimiento trimestral y una serie de acciones concretas en relación con los incumplimientos, que luego la Superintendencia deberá aprobar.