La marcha de los “autoconvocados” desde el interior, que se realizó el pasado sábado hacia plaza de Mayo, recibió fuertes críticas del Gobierno. Ya el mensaje oficial había disparado que “marchan por las dudas”, refiriéndose a que la protesta obedece al rechazo a un impuesto –a la renta inesperada– que todavía no ha sido creado.
Aunque con la adhesión de la protesta urbana se diversificaron los motivos del reclamo, el campo llegó a la capital porteña exigiendo una menor presión impositiva, pero «también incluía la no intervención en los mercados de granos y carne, las faltantes de combustible de cara a la cosecha, y la suba de costos”, entre otras razones.
La iniciativa fue impulsada por agrarios del norte bonaerense, sur de Santa Fe y de Córdoba, sumado a la adhesión de cientos de sociedades y asociaciones rurales de todo el país, aunque no de las cuatro entidades nacionales que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.
La marcha sirvió para que la oposición se atribuyera su convocatoria, y se sumara a las imágenes que pudieron verse durante gran parte del día. Si bien es cierto que el interior productivo del país, y también de la provincia de Buenos Aires tienen gobiernos de color «amarillo», los manifestantes, en su mayoría, “no vieron con simpatía la presencia de referentes políticos en la protesta” y en muchos casos les pidieron que se fueran.
En ese punto el oficialismo coincidió en algo con la oposición: atribuir la movilización a Juntos por el Cambio, sin detenerse en el reclamo en sí, que tiene que ver con un proyecto de ley que entrará al Congreso para aprobar un nuevo gravamen a las “ganancias extraordinarias” y con condiciones que según expresaron los actores “alientan la desinversión y la falta de ingreso de dólares”, algo clave para la desfasada economía argentina.
Cierto es que, el sector rural, clave para la generación de divisas, intentó dar una muestra de fuerza también “anticipada”, a partir de la pretensión de un nuevo tributo, algo que resultó inoportuno en momentos dónde «desde el sector creían hablar el mismo idioma con Julián Domínguez, el ministro de Agricultura», quien «se comprometió a no sumar retenciones y a lograr algunos entendimientos a futuro que iban en el sentido contrario de éste proyecto de ley».
De hecho, durante el fin de semana desde Tel Aviv, el funcionario de Alberto Fernández manifestó que “el productor argentino no captó la renta inesperada porque vendió su producción a precio preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un aumento de 60% en el precio de los fertilizantes, un insumo clave que está faltando en el mundo”.
Y fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien salió este lunes a respaldar al ministro y apuntó a la “necesidad de mantener el diálogo”, valoró “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para conseguir los insumos para la producción en un contexto tan complejo” y desmintió que “haya motivos técnicos e impositivos para realizar un tractorazo”, aunque el proyecto avanza para ingresar a la Cámara Baja.
La polémica se había incrementado aún más, cuando el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández aseguró que “ni sueñen con entrar a la capital”, algo que después desmintió y sobre el cual no hubo ninguna resistencia, llevándose a cabo la medida con normalidad y generando las polémicas que darán que hablar durante varios días, como las declaraciones de Hugo Yasky, de la CTA, que cuestionó de manera contundente el reclamo frente a la suba de retenciones y afirmó que “éstos señores parecerían estar bañados en agua bendita y para los medios hegemónicos todo lo que hacen tiene justificativo”.
