Debido a las dificultades económicas que atraviesa la argentina, muchos analizan los planes como una solución, por lo menos transitoria, pero otros tantos, lo consideran un problema a erradicar en un futuro cercano. Sobre todo la pérdida del poder adquisitivo del salario, y a la gran cantidad de trabajadores que aún siendo trabajadores, son pobres, puso sobre el tapete el tema de la legitimidad de los planes sociales. Su modo de otorgamiento, adjudicación y duración se colocaron en el centro del debate y ocupan un lugar clave en la agenda política.
El cuestionamiento es aún más amplio, incluye centralmente su contraprestación. De allí surge la negación del ministro Juan Zabaleta, a seguir ampliando la cartera de los “recibidores de planes”, algo que le ha costado duras manifestaciones y acampes del sector más duro de las organizaciones sociales.
Lo cierto es que, desde Desarrollo Social se insiste en transformar éstos programas sociales en trabajo genuino, algo que es incipiente y que por lo tanto no alcanza a mostrar resultados contundentes todavía. La generación de trabajo formal, si bien fue uno de los compromisos de la gestión Fernández, no ha sido acompañado por el despegue económico necesario capaz de generarlo.
Cuestionados por muchos, aceptados y valorados por otros tantos, los programas sociales se han instalado en el centro del debate. Sus beneficiarios, como asimismo, sus referentes sociales, enfatizan en el carácter necesario de subsistencia en los sectores populares ante una inflación en notable crecimiento.
Los planes sociales alcanzan cerca de 300 mil millones de pesos, de los cuales más de 80 mil millones corresponden al Programa Potenciar Trabajo. Este entrega $16.500 mensuales a cambio de una tarea laboral, en especial en espacios comunitarios. Ese es el mayor logro de éste traspaso. No hay muestras todavía de una posible reinserción en el sector privado.
El mayor cuestionamiento de los planes sociales está en su administración. El nuevo planteo es que se den “sin intermediarios» y es necesario el “fomento al trabajo”, pues “no existe la misma respuesta cuando se entrega una suma de dinero o una bolsa de mercaderías que cuando se pone a disposición una bolsa de lana o un lote de plantines para huerta”, remarcaron en uno de los barrios afectados.
En cuanto al alcance económico de los programas sociales, los referentes sociales coinciden en que resulta insuficiente. Es el caso de Carolina Segovia, quien consideró que «es una ayuda, sirve para zafar, pero no alcanza». Por eso hay coincidencia en que «los planes tienen que ser un medio, y no un fin. Creemos que son un aliciente en situaciones vulnerabilidad, la gente pueda tener al menos una entrada, pero no hacen nada con 16.000 pesos por mes».
En consecuencia, diferentes sectores que se vinculan con los programas sociales reconocieron su importancia, su relevancia para aquellos cuyos recursos escasean, pero como una parte, no un todo, y enfatizan la necesidad de un mayor impulso al trabajo y de la generación de oportunidades laborales para combatir la pobreza, algo que está en el centro del debate por éstos días, pero que no resulta sencillo en su implementación.
