Este lunes la jueza en lo Civil y Comercial Marta Cirulli decretó finalmente la quiebra del Correo Argentino, cuya empresa controladora es Socma SA, nave insignia del grupo empresario del ex presidente Mauricio Macri. Según el fallo, en cinco días deberán poner a disposición judicial todos los bienes de la compañía postal y Socma pasaría a ser responsable por la deuda acumulada e impaga desde el año 2000.
Este domingo, anticipándose a un resultado judicial adverso, Macri había compartido una carta en sus redes sociales en la que presionaba a la Justicia contra la posible quiebra, afirmando que la motivación detrás de este posible fallo tenía que ver con el deseo de “venganza” del actual Gobierno, llevado adelante particularmente por medio de una manipulación de la Justicia por el procurador del Tesoro Carlos Zannini.
En su texto, Macri planteó que si la jueza llegara a rechazar la “propuesta de pago total de la deuda que hizo Correo Argentino” (en realidad se trata del pago de una estimación de deuda realizada por el grupo Macri, que fue rechazada por equivaler apenas a un quinto de lo que estimó el Estado), “será un oscuro hito histórico que significará la destrucción de la seguridad jurídica en nuestro país”. En ese sentido, concluye, en lo que constituye un claro intento de presión sobre la Justicia: “Espero que la Sra. Jueza Marta Cirulli y las Sras. Camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini se den cuenta de que todavía están a tiempo de frenar estos atropellos. Tienen en sus manos la responsabilidad histórica de preservar los tribunales como el último espacio en donde un ciudadano puede encontrar protección judicial ante los atropellos, la corrupción y la venganza. Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela. No pido privilegios, pido justicia”.
En 1997, durante la presidencia de Carlos Menem, se concesionó el Correo a un grupo formado por dos empresas del grupo Macri (Itron S.A., Sideco América S.A.) y el Banco Galicia, en cuyas manos permaneció hasta el 2003, cuando fue reestatizada por el Gobierno de Néstor Kirchner, a dos años de que se decretara su quiebra en 2001. Durante varios años de concesión los licenciatarios no cumplieron con el pago de los cánones semestrales de 51 millones de pesos (dejaron de pagarlos en 2000) ni con los compromisos de inversión de no menos de 25 millones de pesos anuales (en algún momento contabilizaron como “inversiones” los 126 millones de pesos destinados al pago de indemnizaciones de unos 10 mil empleados despedidos). Al momento de la estatización, la deuda que mantenía la empresa con el Estado era de unos 900 millones de pesos, pero el Gobierno permitió que los directivos del grupo siguieran administrando la empresa y que empresas vinculadas a ellos le facturaran como tercerizadas.
La fiscal Gabriela Boquin, a quien los letrados del Grupo Macri intentaron apartar constantemente de la causa, afirma que el Correo se benefició con un “estado de ‘eterno’ concurso” gracias al que logró suspender por casi dos décadas años el pago a sus acreedores, lo que implicó “perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo aceptó en primera instancia una propuesta de pago del Correo de 300 millones de pesos en 15 años (hasta 2033), con una tasa de interés del 7% anual, lo que Boquín denunció como una propuesta “ruinosa” y “abusiva” que implicaba un daño al estado por 70 mil millones de pesos, logrando que finalmente la iniciativa, que había contado con el visto bueno de Macri, se rechazara.
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En marzo del año pasado, ignorando las maniobras dilatorias del Grupo empresario, la jueza Cirulli dispuso una intervención judicial del Correo para evitar “potenciales perjuicios a acreedores” y, por fin, el “desplazamiento total” de sus directivos, constantemente denunciados por maniobras de vaciamiento hacia otras empresas del grupo Macri. En ese contexto, la empresa finalmente hizo una propuesta de pago de algo más de 1000 millones de pesos (reconociendo así implícitamente que la propuesta realizada durante el gobierno de Macri era efectivamente “abusiva”) pero la Procuración del Tesoro la rechazó, por considerar que una actualización de la deuda llegaría a los 6000 millones.
