El llamado “reperfilamiento” le dio un duro golpe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tenía el 20% de su cartera Letras del Tesoro y en consecuencia de las variaciones del mercado, perdió el 50% de su caja en casi cuatro años.
En números, desde octubre de 2015 a agosto de este año, el FGS pasó de U$S 64.000 millones a U$S 32.100 millones, de acuerdo a los cálculos oficiales. Es decir, sufrió una merma de U$S 31.900 millones en ese período, la mitad de los activos que había sabido acumular desde la estatización del sistema previsional en 2008.
El último día hábil anterior a las elecciones primarias, el FGS contaba con U$S 48.300 millones, lo que ya implicaba una merma sustancial de los activos de este fondo anticíclico. Pero en una sola semana, el 16 de agosto, tras la devaluación post PASO, la cartera se redujo a U$S 38.300 millones. Diez mil millones menos en 7 días.
Fue aún peor el impacto que se vio 14 días después, post “reperfilamiento”. El 30 de agosto, el Fondo contaba con nada más que U$S 32.100 millones. Pero el derrumbe no sólo se dio en la medición en dólares, sino también en moneda local, lo que eleva aún más la preocupación. Mientras el 9 de agosto había $ 2,2 billones, a la semana siguiente se había reducido a $ 2,1 billones y el último día de ese mes se recortó a $ 1,9 billones.
El Gobierno vuelve a tomar millones de los jubilados para financiarse
Con la supervisión de Emilio Basavilbaso como director ejecutivo de ANSES, se incrementó el uso para fines políticos del Fondo, como los préstamos a las provincias afines y a los jubilados para que compensen la pérdida de poder adquisitivo. En contraste, no existieron nuevos créditos para inversiones productivas, los que habían sido planificados también para reactivar la economía.
En cuanto a posibles irregularidades respecto a la administración en el organismo, que también se denuncian, el primer subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Luis María Blaquier, deberá prestar declaración indagatoria este miércoles ante el fiscal Franco Picardi por haber comprado desde el Estado bonos de Arcor y Cablevisión después de haber sido director de esas compañías.
