El sector de la construcción viene en retroceso desde hace más de un año, sin que las perspectivas mejoren a corto plazo. En agosto retrocedió 2% en términos interanuales, en comparación el mismo mes del año anterior, que ya era un mes muy bajo que acusaba el impacto de la fuerte devaluación de abril y de los recortes del oficialismo en obra pública.
Fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción, consultadas por BAE Negocios, confirmaron que desde comienzos de 2019 el empleo en el sector viene cayendo en por lo menos 5 mil empleos mensuales. Los empresarios de la construcción además descartan que la situación vaya a mejorar en lo que resta del año.
Según afirmaron desde la cámara empresaria, la mayor parte de las pérdidas laborales se vincula con el recorte de la obra pública, donde se constatan recortes, demoras en los pagos y un fuerte retrasos en los plazos de ejecución, debido primero al objetivo de cumplir con el déficit cero comprometido con el FMI y luego a la fuerte crisis financiera que atraviesa el Estado argentino. En el sector privado, los números también retrocedieron, pero en menor porcentaje.
Para los empresarios, no hay posibilidades de que el Gobierno de Mauricio Macri vuelva a impulsar la obra pública, por lo que las perspectivas son de agravamiento, lo que impactará sobre todo en el conurbano bonaerense y en la provincia en general. El panorama se complica aún más si se considera el fuerte aumento de costos derivado de la reciente devaluación post electoral y la ruptura de la cadena de pagos que genera la recesión generalizada.
En provincias como Salta, la crisis llegó al punto de que la Cámara de la Construcción local ya confirmó la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, anticipando un “consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”. El comunicado del sector explica que muchas obras “pudieron terminarse con los aportes de fondos propios realizados por las empresas constructoras”, generalmente recurriendo a financiamiento bancario, pero afirman que su capacidad para seguir financiando la obra pública “está agotada”.
