La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que este miércoles varios dirigentes de la entidad se reunieron con los ministros de Producción y Trabajo Dante Sica y con la de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley para plantearles la necesidad de dar urgente tratamiento y resolución a la problemática relacionada con las obras sociales.
Por el lado de la central obrera participaron Carlos Acuña, Jose Luis Lingieri, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, Armando Cavalieri y Antonio Caló, junto a miembros de la asesoría técnica de la CGT. De la agenda presentada por Lingiero, que es secretario de Acción Social de la CGT, se destacó la necesidad de resolver el aporte que se hace a las obras sociales sindicales para la atención de monotributistas y monotributistas sociales que en la atuactualidad es de 689 pesos para un universo que abarca a 1,7 millones de personas y que es uno de los más consumidores del sistema de salud.
También se planteó la necesidad de reajustar las cápitas que se reciben por los jubilados y pensionados, ya que las obras sociales reciben 192 pesos por caso, mientras que el PAMI recibe en promedio $2.100. Otro de los temas destacados fue el de las personas con problemas de discapacidad, destacando que el financiamiento de estos casos genera costos crecientes por falta de políticas públicas sólidas, arrojando pésimos resultados en términos de reducción de personas con discapacidad. Cabe destacar que cada persona con discapacidad requiere mensualmente el equivalente a 19 cápitas promedio para cubrir los costos de sus prestaciones.
Además de estos problemas centrales, los representantes gremiales plantearon otros problemas secundarios que también afectan el funcionamiento de las obras sociales: Si bien la CGT no se opone a que la población asalariada pueda elegir su obra social, producto del “descreme” que se ha producido en el sistema donde los salarios más altos migran hacia las prepagas a través de las obras sociales no se está realizando el aporte del 15% al FSR.
Otro tema es el de la actualización del Plan Medico Obligatorio y la obligación de todos los financiadores de salud a cubrirlo. Aquello que exceda el PMO debe ser financiado por el Estado Nacional. Los trabajos publicados por Universidades e instituciones especializadas cotizan el PMO en $1.300 por encima del aporte promedio recibido por las obras sociales; a lo que debería adicionarse el aumento inmediato del valor de los coaseguros.
Según los datos de la Superintendencia de Salud de la Nación el 77% de los casos que no están cubiertos dentro de PMO se obtienen por medio de medidas cautelares obligando a las obras sociales a afiliar y/o brindar las prestaciones desfinanciando al sistema en similar situación a las prestaciones por discapacidad. También la Obra Social de Ejecutivos (OSDE) mantiene una deuda con el Fondo Solidario de Redistribución, fondo que sostiene la solidaridad intra-sistema y financia aquellas practicas que se denominan de alto costo, baja incidencia y discapacidad.
Por último, se planteó la necesidad de replicar la exitosa política del Estados Nacional en materia de centralización de compras efectuada para la adquisición de medicamentos para la hemofilia al resto de los insumos y medicamentos mejorando costos y optimizando recursos para las obras sociales.
Desde la central obrera se consideró que “estos temas vitales que están afectando el mantenimiento de un sistema modelo en la región y en el mundo como lo es el de Obras Sociales” y se planteó la posibilidad de “realizar las presentaciones judiciales que se consideren pertinentes de no encontrar las soluciones adecuadas o de detectarse alguna vulneración a las disposiciones vigentes”. Ante esta “preocupante situación” se exigió una urgente resolución por parte del Estado a lo que los ministros Sica y Stanley respondieron con un compromiso de dar una respuesta en el término de 15 días.
