El actual Gobierno Nacional intervino el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con argumentaciones no muy bien aclaradas para avanzar con un organismo que atravesó administraciones de diferente extracción partidaria.
En este sentido la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que encuadra a gran parte de los trabajadores del ente, destacó su rol para “garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales”.
La conectividad que asegura el ENACOM podría correr peligro en zonas donde las empresas privadas, sin financiamiento del Estado, pueden dejar sin internet a muchos ciudadanos, por el simple hecho que no le es rentable. La intervención por 180 días prorrogables, tiene de hecho la intención explícita de “promover la libre competencia entre prestadores de servicios de la comunicación”.
En el mismo sentido hay un clima de alta incertidumbre en los distintos medios públicos de comunicación, donde existen muchas áreas vaciadas de autoridades, por lo que se encuentran en un estado de total abandono en lo que refiere a su funcionamiento, generando incertidumbre en su continuidad y en la situación de extrema irregularidad que atraviesan los trabajadores de cada una de estas empresas.
En este escenario se sumó la caída, durante la jornada del lunes, de las plataformas Conectar Igualdad y Educ.ar, sitios que le proveen material a docentes y alumnos.
Si bien se anunció que se trataba de una actualización de su funcionamiento, llamó la atención la metodología utilizada con advertencias de un estadio “en modo construcción”; y “hasta nuevo aviso”. El funcionamiento regresó durante la tarde, pero muchas interpretaciones del hecho apuntan a una intimación efectiva de lo que puede leerse de las próximas medidas que podrían instrumentarse en estas áreas donde pueden verse intenciones de desvalorizar el rol que cumplen estos servicios estatales.
