La Agrupación Juan Manuel Palacios profundiza la interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocando a un paro de actividades para este miércoles 3 de junio que se hará efectivo sobre todo a las líneas de colectivos vinculadas al Grupo Dota. La medida de fuerza es en solidaridad con los choferes del interior del país, que en algunos casos se encuentran de paro hace varias semanas. El Consejo Directivo Nacional del gremio liderado por Roberto Fernández no convalidó el paro por considerarlo ilegítimo y denunció que se lleva adelante por “especulación política y en defensa de oscuros intereses”.
UTA aclaró en las últimas horas que la agrupación opositora que responde a Miguel Bustinduy “no está estatutariamente autorizada a adoptar decisiones orgánicas de tamaña trascendencia, y que lo que se propone esta apartado de las normas, es impropio, y de ninguna manera convalidado por este Consejo Directivo Nacional, que a través de este comunicado desautoriza y manifiesta la ilegalidad de esta pretendida medida de fuerza”.
La medida de fuerza impulsada por Bustinduy se propone como de apoyo al reclamo por salarios adeudados a los choferes de distintas empresas de micros de larga distancia, situación de la que responsabiliza también a la conducción de la UTA. El dirigente viene acusando a Fernández de haber contribuido a la precarización del sector, particularmente durante la administración cambiemita. En este sentido, le exigieron a la dirección del gremio que “deje de esconderse en sus compromisos con las empresas, y definitivamente garantice y proteja los derechos de los trabajadores, imperativo legal ignorado permanentemente en su gestión”.
Desde Transporte definieron como “ilegítimo” al paro de colectivos de este martes
La dirección del gremio encabezado por Fernández denunció que la medida de fuerza se plantea “por razones de especulación política y en defensa de oscuros intereses” y denuncia la irresponsabilidad de una iniciativa de este tipo en el marco de la epidemia de coronavirus. Y añadió: “La diferencia es que nosotros, la UTA, comprendemos la gravedad de la emergencia y afrontamos nuestras responsabilidades cumpliendo con las directrices de lo que el Gobierno ha dispuesto. Transportamos a los trabajadores de las actividades esenciales y corremos los riesgos que este accionar implica, apelando a la unidad y a la paz y la esperanza, y ellos en cambio eligen dividir y privilegiar sus mezquinas aspiraciones”.
La agrupación opositora también había impulsado en el mes de febrero un paro de actividades por reclamo de aumento salarial que fue desconocido por la conducción del gremio y declarado ilegítimo por el Ministerio de Transporte.
La conducción de Fernández recordó que varios integrantes de esta agrupación opositora se encuentran acusados de “diversos delitos” por su rol en la violenta ocupación de la sede central del gremio, a mediados de diciembre de 2019. En este sentido, denunciaron que este sector, que perdió las elecciones gremiales hoy busca “obtener por la fuerza” lo que no logró por la vía democrática.
También se señala que existe una histórica alianza entre el sector gremial de Bustinduy y “un empresario, un tal M. Faija”, a quien acusan de tener “una comprensión limitada y una mirada y un proyecto menor para nuestra actividad, y quien, persiguiendo con egoísmo su propio interés, fogonea el enfrentamiento con las autoridades del gremio”.
Allanaron oficinas de DOTA por el intento de ocupación de la sede de UTA
Probablemente la referencia sea a los hermanos José y Ángel Faijá, dueños del grupo empresario Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A. (DOTA), que se fundó en 1955 como operadora de la línea 208 que actualmente es la 28. Luego de los allanamientos derivados del intento de toma de la sede de UTA, Faijá presentó un descargo ante los ministros de Transporte Mario Meoni y de Trabajo Claudio Moroni, intentando despegarse de las actividades de Bustinduy y definiéndose como una “víctima” de su actividad gremial y anticipando un cambio de actitud respecto de la conducción gremial, intención que hoy parece haber quedado olvidada.
Según un informe de mediados de 2019 de la Auditoría General de la Nación, el grupo grupo empresario DOTA maneja el 67% de las empresas del sector (por lo tanto también ha sido el grupo más beneficiado con subsidios y compensaciones estatales al transporte de pasajeros, que superan los 34 mil millones de pesos entre 2014 y 2017). La propiedad de las 389 líneas de colectivos se fue concentrando cada vez más hasta terminar en manos de unos pocos holdings empresariales. El grupo DOTA está conformado por 77 empresas, 67 de ellas en el sector servicios de transporte, que a su vez administran 180 líneas de colectivos, casi la mitad del total. El grupo también controla la representante local de utilitarios brasileños Megacar y es dueña de la carrocera Todobus, en una clara integración vertical. En ese escenario, algunas disputas gremiales pueden entenderse también como traducción de fuertes intereses empresariales en un sector de negocios altamente concentrados.
