Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, definió al paro de 24 horas que está llevando adelante un sector opositor a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Roberto Fernández, como “ilegítimo”. La medida de fuerza afecta a más de 50 líneas de colectivo, principalmente las pertenecientes al Grupo Dota.
Según definió el funcionario a la salida de una reunión en Casa Rosada: “No hay una legitimidad en términos legales para el conflicto que se está dando en distintas líneas, que son solo de una empresa; aunque obviamente impacta sobre muchos ciudadanos y es lo que nos preocupa”.
El paro, impulsado por el sector disidente del gremio (la agrupación Juan Manuel Palacios, liderada por Miguel Ángel Bustinduy), que a fines del año pasado protagonizó un violento intento de toma de la sede central de la UTA, se lleva adelante en reclamo del pago de un aumento paritario presuntamente incumplido por las patronales del sector. Pero el planteo parece a destiempo cuando este lunes el titular del gremio anunció un acuerdo paritario para un aumento del 18,3%, así como el pago de los adelantos salariales fijados por decreto por el Gobierno de Alberto Fernández.
Meoni anticipó que desde su cartera le van a exigir a la empresa “el cumplimiento del servicio” y confirmó que desde el Gobierno se entiende que, en tanto ya fue anunciado un acuerdo paritario, “buena parte del conflicto está basado en estos momentos en cuestiones internas del gremio, cuestión en la que se está trabajando desde el Ministerio de Trabajo”.
Un sector de la UTA para este martes, afectando a más de 70 líneas de colectivos
Bustinduy, por su parte, descartó esas acusaciones: “Nosotros no paramos por una interna gremial. Paramos por medidas de seguridad, por reclamos salariales, por el vaciamiento en nuestra obra social, por pagos atrasados y hasta por los bonos que nos otorgó el Gobierno y que aún no nos pagaron”. En cuanto al bono, añadió: “El bono que todos los gremios ya cobraron, el primer tramo recién nos lo van a pagar el 14 de febrero. Es una vergüenza que ante esta falta de pago Fernández se quede callado, por eso nosotros alzamos la voz y no nos vamos a callar”.
Luego cuestionó los distintos acuerdos salariales alcanzados por la conducción oficial del gremio: “Ya habíamos perdido un 50%con respecto a la inflación de Mauricio Macri en 2018. Para 2019 había cerrado un tramo del 18% y ahora lo que dice usted, un 18,3. Es un 36,3% contra una inflación del año pasado de más del 54%. Otra vez perdemos y no recuperamos nada. Con Fernández en la conducción del gremio, los trabajadores perdemos siempre”. Bustinduy también criticó el incumplimiento de los descansos para los choferes de larga distancia y responsabilizó a Fernández por no hacer respectar el convenio. “El es el responsable de convertir a los choferes de larga distancia en asesinos”, definió.
Por último, el gremialista reconoció que están “evaluando” si movilizar o no al Ministerio de Trabajo, como habían anunciado, ya que no quieren “parecer los forajidos que llegan a romper todo”. En ese sentido, señaló que los incidentes de violencia en el intento de copamiento de la sede central de UTA “no estaban previstos”. Y añadió: “Pasó porque la UTA, en manos de Fernández, es una olla a presión, y ya se sabe que las ollas a presión en algún momento estallan. Fernández tiene secuestrado al gremio y no quiere brindarle elecciones libres a los afiliados porque pierde”.
En cuanto al paro de colectivos de este martes, también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CRNT) aplicará medidas sancionatorias pertinentes por el incumplimiento de la obligación empresaria en cuanto al servicio de pasajeros. Un comunicado de la CNRT detalló que las sanciones decididas responden “a la injustificada medida de fuerza convocada por un sector de trabajadores agrupados pertenecientes en su mayoría a la empresa Grupo DOTA”. Desde el organismo consideran que se trata de “una decisión sin justificación, la cual desconoce del esfuerzo del Estado nacional en cumplir con las compensaciones para garantizar el cumplimiento salarial, y afecta la prestación de servicio de más de 50 líneas de colectivos”.
