Dando fin a la concesión de la Hidrovía Paraná Paraguay, que desde 1995 estaba en manos de las compañías belga, Jan de Nul y la argentina, Emepa, a través del decreto 427/21, el Gobierno puso bajo «control estatal” –por lo menos por 12 meses- la vía agroexportadora más importante del país, algo que habían solicitado los gremios del sector, principalmente los nucleados en La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA).
De ese modo, si bien paralelamente se avanzará en un nuevo llamado a licitación internacional, los gremios vieron con buenos ojos la intervención del Estado, por una cuestión de “soberanía” que vienen expresando largamente.
En el sindicato de Dragado y Balizamiento, que conduce Juan Carlos Schmid celebraron la decisión y remarcaron el carácter “imprescindible” de la toma del control estatal de la hidrovía que “es una tarea que no debería haberse abandonado nunca”.
Desde hace largos meses, Schmid, ya había dejado claro que en su opinión “el proceso licitatorio es una parte de la política pública, no es el todo. El Estado no tiene que ser sólo un facilitador de la infraestructura para los negocios agroexportadores, tiene que ser mucho más”, había señalado mientras reclamaba certezas para los 800 trabajadores que estaban involucrados frente al vencimiento de la licitación. Pero a su vez advirtió que en cuestiones operativas “no se está en condiciones de realizar las tareas que la hidrovía demanda”, particularmente en tiempos de bajante del río, cuestión por la que señaló que seguramente “habrá que tercerizar el servicio”.
Donde generó rechazo la medida fue en algunos sectores del complejo agroexportador argentino, que manifestaron «preocupación» por el futuro del servicio. En ese sentido, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, insistió en que “el Estado debe ejercer sus funciones indelegables de control pero que no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas que deben realizar empresas especializadas”.
Para dar continuidad al proceso, esta semana el Ejecutivo publicará un nuevo DNU con que traspasará el control de la Hidrovía a la Administración General de Puertos una vez que termine la prórroga de la concesión actual y a partir de allí, la AGP será quien cobre la recaudación tarifaria –el peaje- que las empresas navieras pagan por el servicio de utilización de la hidrovía.
Además, la AGP deberá administrar el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal, comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado «Confluencia», hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.
