Los aumentos de tarifas de servicios públicos, que tanto dañan los bolsillos de los trabajadores, tienen como consecuencia multiplicar las ganancias de las empresas proveedoras y transportadoras que, tal como constan en los balances, obtuvieron en el último año 30 mil millones de pesos.
Esta cifra, que pertenece a firmas como Edenor, Edesur, Edelap, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Tranportadora de Gas del Norte (TGN) y Transener, se explica porque en los últimos tres años la electricidad subió un 600% y el gas un 250%, cifras muy por arriba de la inflación.
Organizaciones sociales, políticas y sindicales reclamaron que se terminen los aumentos que, además de complicar las economías familiares, generan que miles de pymes no puedan subsistir ante un contexto de abrupta caída de la demanda. Se realizaron marchas y manifestaciones en varias ciudades del país.
Inclusive, la oposición generó un proyecto en 2018 que fue aprobado para retrotraer tarifas, con límites de aumentos. Pero fue vetado por Mauricio Macri, con el argumento de que tendría un impacto fiscal negativo y que beneficiaba a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. «La ley fue vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, no respeta el mandato constitucional del Parlamento. Como ya lo han dicho muchos gobernadores, incluso de la oposición, no es facultad del Congreso fijar tarifas», explicó Marcos Peña,jefe de Gabinete, por mayo del año pasado.
